El condenado disparó en la cabeza a su víctima y fue detenido días después con el arma aún cargada.
Un crimen que estremeció al sector de Llolleo terminó con una condena ejemplificadora. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio sentenció a 17 años de cárcel efectiva a un hombre de 34 años, declarado culpable de homicidio, además de porte y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.
El ataque ocurrió en la madrugada del 10 de febrero de 2025. Según expuso el fiscal ECOH Juan Carlos Catalán, el acusado llegó armado hasta el domicilio de la víctima y abrió fuego con intención de matar.
“El día 10 de febrero, en horas de la madrugada, el acusado, premunido de un arma de fuego, se dirigió hasta el domicilio de la víctima, ubicado en el sector de Llolleo, donde le disparó con ánimo homicida. La víctima recibió dos impactos balísticos, uno en el cráneo y otro en el hombro derecho, este último con compromiso del pulmón derecho, falleciendo en el lugar a consecuencia de un traumatismo torácico por proyectil balístico y shock hipovolémico. Posteriormente, el imputado se dio a la fuga”, explicó el persecutor.
El crimen fue inmediato y letal. La víctima murió en el mismo lugar tras recibir un disparo en la cabeza y otro que comprometió gravemente su pulmón.
Quince días después, el 25 de febrero, el agresor fue capturado en la calle Los Huemules. Al momento de su detención, portaba el mismo tipo de arma: un revólver cargado con cinco cartuchos, además de otros siete proyectiles en el bolsillo, todo sin autorización legal.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales, documentales y fotográficas que permitieron reconstruir el ataque y acreditar la responsabilidad del acusado. La sentencia fue clara al señalar que la investigación fue “completa, lógica y concordante”, estableciendo sin dudas la existencia del homicidio y la participación del imputado.
Finalmente, el tribunal —integrado por la magistrada Daniela Herrera Faúndez y las juezas Constanza Encina Zacur y Rosa Caballero Burgos— condenó al acusado a 12 años de presidio por el homicidio y a otros 5 años por la tenencia ilegal del arma y municiones, sumando una pena total de 17 años de cárcel efectiva.
Además, se le impusieron las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos mientras duren las condenas.
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