La investigación de la Fiscalía de La Araucanía, la Fiscalía Supraterritorial y la PDI permitió desarticular una sofisticada estructura vinculada al Tren de Aragua que operaba con una organización piramidal, reparto de drogas a domicilio, préstamos internos y un sistema de sanciones para quienes no cumplían las cuotas impuestas por sus líderes.
No era una banda de microtraficantes que actuaba de manera aislada. Funcionaba como una verdadera empresa criminal, con jefes, administradores, vendedores, reglas internas, cobro de franquicias, multas y un sistema financiero destinado a sacar las ganancias ilícitas fuera de Chile.
Así operaba la célula del Tren de Aragua que fue desbaratada tras una investigación encabezada por la Fiscalía de La Araucanía, a través de su Sistema de Análisis Criminal (SAC), en conjunto con la Fiscalía Supraterritorial y la Policía de Investigaciones, operativo que culminó con 35 detenidos, de los cuales 29 son ciudadanos venezolanos y seis chilenos, además de la incautación de drogas, un arma de fuego, municiones, más de 13 millones de pesos en efectivo, vehículos, teléfonos celulares y otros elementos utilizados por la organización.
Un negocio con jefaturas, franquicias y castigos
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que la investigación permitió establecer que la organización estaba estructurada en distintos niveles jerárquicos.
En la parte superior se encontraban los líderes radicados en La Araucanía; un segundo nivel viajaba hasta la Región Metropolitana para abastecerse de droga; y un tercer grupo se encargaba de distribuir pequeñas dosis en distintos sectores de Temuco mediante un sistema de delivery, evitando mantener grandes cantidades de droga en un solo lugar.
Pero uno de los hallazgos más llamativos fue la forma en que administraban el negocio.
Según detalló Garrido, quienes querían vender droga debían pagar una franquicia, denominada internamente «ficha», para obtener el derecho a comercializar sustancias ilícitas.
La organización incluso generaba un sistema de préstamos de dinero para quienes necesitaban ingresar al negocio y, si no cumplían las cuotas impuestas por sus superiores, eran sancionados económicamente mediante multas.
«Se va generando una verdadera economía ilícita que es muy peligrosa, no solo por los efectos del tráfico de drogas, sino también porque degrada el tejido social y genera dependencia de estas organizaciones», advirtió el fiscal regional.
Del extranjero a Temuco… y de regreso al extranjero
La investigación también permitió reconstruir la ruta del dinero y de la droga.
El prefecto inspector Héctor Cornejo, jefe Policial de La Araucanía de la PDI, explicó que la droga ingresaba desde el extranjero hacia la Región Metropolitana y posteriormente era trasladada a Temuco en pequeñas cantidades para evitar ser detectada.
Una vez comercializada mediante el sistema de reparto a domicilio, las ganancias eran depositadas en cuentas bancarias y posteriormente enviadas fuera del país, mecanismo que hoy forma parte de la investigación por lavado de activos.
El oficial añadió que en los allanamientos se incautaron cerca de dos kilos de cannabis, alrededor de 500 gramos de cocaína, dinero en efectivo y un arma de fuego, precisando que el verdadero valor del procedimiento radica en la información obtenida para continuar desarticulando estas redes criminales.
La pista del dinero
Precisamente esa dimensión financiera fue asumida por la Fiscalía Supraterritorial.
El fiscal Enrique Vásquez explicó que la participación de esta unidad especializada se enfocó en seguir el rastro patrimonial de los imputados y acreditar el delito de lavado de activos, uno de los cargos que serán formalizados junto con organización criminal y tráfico de drogas.
Asimismo, indicó que todos los detenidos serán trasladados hasta La Araucanía, ya que la investigación tuvo su origen en la región y será el Juzgado de Garantía correspondiente el que conozca la causa.
La Fiscalía confirmó que solicitará la ampliación de la detención para organizar los antecedentes de una investigación de alta complejidad, revisar la situación migratoria de los imputados y preparar la audiencia de formalización, instancia en la que se revelarán nuevos antecedentes sobre la estructura y funcionamiento de esta organización criminal.
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