Según cifras de TECHO-Chile, más de 120 mil familias viven en campamentos en el país. Para la académica de la U. Andrés Bello Beatriz Mella, validar la toma como mecanismo de negociación “abre un campo minado” que podría agravar la crisis en lugar de solucionarla.
Las recientes tomas en San Antonio y Quilpué han vuelto a poner en el centro de la discusión pública el déficit habitacional que afecta a Chile y los mecanismos a los que recurren miles de familias sin acceso a vivienda digna. De acuerdo con TECHO-Chile, actualmente más de 120.000 familias viven en campamentos a lo largo del país, cifra que representa cerca del 17% del déficit habitacional nacional y que ha crecido en más de seis mil familias en los últimos dos años.
La situación no solo refleja la magnitud del problema, sino también la tensión que genera la validación de la toma como forma de presión política. “Cuando se valida la toma como un mecanismo legítimo para forzar negociaciones, se abre un campo minado. El riesgo es que se envíe una señal equivocada a quienes esperan durante años por una solución institucional, muchas veces contando ya con un subsidio asignado”, advierte Beatriz Mella, Directora del Centro a Universidad Andrés Bello y especialista en planificación urbana.
Las cifras son elocuentes: un 65% de los campamentos cuenta con una solución habitacional proyectada, pero solo un 4% está en ejecución. Mientras tanto, más de 84.000 niños, niñas y adolescentes crecen en asentamientos informales, sumando urgencia a un problema que se arrastra desde hace décadas.
En este contexto, la discusión sobre las tomas adquiere un carácter simbólico y político de gran relevancia. Como plantea Mella, “convertir la ocupación ilegal de terrenos en un canal legítimo de negociación puede terminar siendo un remedio peor que la enfermedad. No solo se arriesga a perpetuar la precariedad en zonas sin planificación urbana ni acceso a servicios básicos, también se desincentiva la inversión en proyectos con subsidios en áreas periféricas”.
El debate, sin embargo, no puede soslayar la dimensión humana del fenómeno. Muchas de las familias que hoy habitan en campamentos han esperado más de una década por una solución definitiva, enfrentando no solo la falta de vivienda, sino también carencias en salud, educación y acceso a servicios básicos.
San Antonio y Quilpué son solo la cara más visible de un fenómeno extendido. El desafío de las autoridades será dar respuestas concretas que combinen urgencia con planificación, evitando soluciones improvisadas que comprometan el futuro urbano del país.
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