- La planta de tratamiento opera al 300% de su capacidad, afectando gravemente a más de 100 familias locales.
- Autoridades sanitarias y ambientales han iniciado sumarios y exigido medidas de urgencia ante la falta de autorización formal.
- El INDH cuestiona la falta de soluciones definitivas y exige al Estado responsabilidad estructural frente a esta crisis cíclica.
*La sede del INDH se reunió con las vecinas y vecinos, a quienes presentó
la información recopilada hasta ahora respecto de las gestiones de diversas
instituciones públicas. Las comunidades han sido víctimas de los desbordes
de un sistema que funciona al 300% de su capacidad original.*
La sede de Antofagasta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se
reunió con las y los vecinos de la zona rural de San Pedro de Atacama para
informarles sobre las soluciones de las autoridades de distintas
instituciones públicas por los escurrimientos de aguas servidas registrados
en octubre de 2025 y en marzo de 2026. Estos rebalses se originaron en la
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Comité de Agua Potable y
Alcantarillado Rural de San Pedro de Atacama (CAPRA) afectando a más de 100
familias. Actualmente se proyecta un mecanismo de emergencia para evitar
nuevos desbordes.
El jefe regional de Antofagasta del INDH, Paulo Palma, señaló que “desde
hace un par de años el INDH ha observado el constante colapso de la planta
de tratamiento y la crisis del agua potable en San Pedro, lo que representa
una vulneración sistemática a los derechos de sus habitantes. Nuestro rol
es hacer una fiscalización estricta para asegurar que el acceso al agua y
al saneamiento deje de ser una crisis cíclica. Esto no puede seguir siendo
abordado bajo una lógica de emergencia constante. No bastan las medidas
paliativas o de corto plazo. El Estado debe asumir su responsabilidad con
soluciones estructurales y sostenibles”.
A fines del año pasado la sede del INDH tomó contacto con las personas
afectadas por los rebalses y, tras verificar la situación, envió oficios a
diversas autoridades para dimensionar el problema. Así, la Seremi de Salud
informó que había declarado las instalaciones de la planta como foco de
insalubridad e iniciado un sumario por infracciones graves al Código
Sanitario y a los reglamentos de alcantarillado. Además, instruyó una serie
de exigencias al CAPRA, como la desinfección inmediata de la red de agua
potable y la reparación de las piscinas de acumulación para evitar nuevos
escurrimientos.
El INDH también ofició a la Superintendencia de Medio Ambiente. Este
servicio informó que según sus verificaciones la planta opera a más del
300% de su capacidad original. Se han acumulado aguas servidas en un área
que ha crecido de 0,21 hectáreas a 3,7 hectáreas, sin autorización
ambiental. Por eso, en marzo les ordenó medidas urgentes y transitorias,
obligando a la planta a hacer un catastro de las piscinas, determinar
límites seguros de acumulación y ejecutar monitoreos.
Según la documentación, la planta pertenece a la Municipalidad de San Pedro
de Atacama, pero es operada por el CAPRA sin un traspaso formal. No tiene
una autorización sanitaria vigente y la SMA la ha sancionado por un total
de 94 Unidades Tributarias Anuales (80 millones 820 mil pesos a julio de
2026). Al momento de declararse el problema, la acumulación de agua se
realizaba en 16 piscinas, carentes de impermeabilidad adecuada o planes de
contingencia.
Todos estos detalles fueron informados por el INDH a las comunidades en la
reunión en San Pedro de Atacama. Además, ahí se indicó que el Gobierno
Regional de Antofagasta ha priorizado recursos financieros para construir
una piscina auxiliar de emergencia como un paliativo de corto plazo. La
Dirección Regional de Obras Hidráulicas del MOP supervisará estas obras. Es
importante considerar que hoy el sistema mantiene su vulnerabilidad frente
a eventos climáticos y el aumento estacional de población durante
vacaciones y similares.
Las comunidades valoraron las gestiones y el espacio de información
proporcionado por el INDH. Ema Condori, vecina del sector, expresó que “se
han tomado decisiones que espero nos lleven a buen puerto, que tengamos una
buena acogida de las autoridades para que nos hagan caso. Lo pido como
atacameña. Necesitamos vivir con dignidad”. A su vez, Javiera Escobar,
también residente, indicó que “me pareció que da esperanza de poder obtener
algún resultado concreto a mediano o a largo plazo”.
Los derechos afectados que motivaron la actuación del INDH son el derecho a
la vida, por la exposición a aguas servidas, agentes microbiológicos y
riesgos por vectores. También, el derecho a vivir en un medio ambiente sin
contaminación, por el vertimiento de residuos líquidos en suelo natural y
la posible contaminación de napas subterráneas, entre otros. Y el derecho
de acceso al agua y al saneamiento, por el incumplimiento de los requisitos
de calidad, continuidad y universalidad de suministro de este recurso.