Por Juan Pablo Catalán, académico e investigador de Educación UNAB.
En los pasillos de nuestras escuelas resuena un eco inquietante: los conflictos se han convertido en material frecuente de denuncia. Entre enero y septiembre de 2025, la Superintendencia de Educación registró 14.931 denuncias ciudadanas por problemas en el sistema educativo, y de ellas 11.091 (74,3 %) están directamente vinculadas a la convivencia escolar. Esa cifra no es anecdótica: es una señal irrefutable de que la vida escolar está fracturada.
Ante este escenario, el país avanza en una nueva ley sobre convivencia escolar, buen trato y bienestar. El propósito es legítimo y necesario. Nadie puede minimizar la urgencia de enfrentar la violencia, el acoso o la desregulación que afecta a nuestras comunidades educativas. Sin embargo, la pregunta de fondo es incómoda: ¿esta ley fortalece la autoridad pedagógica del profesor o amplía la arquitectura burocrática del sistema?
La evidencia reciente en Iberoamérica advierte que uno de los principales riesgos de las reformas educativas es la sobrecarga administrativa que debilita el foco pedagógico (OEI, 2022). Cuando el docente debe responder a protocolos, informes y procedimientos cada vez más complejos, el tiempo y la energía destinados a formar se reducen. Y la convivencia no se resuelve desde un formulario, sino desde la conducción legítima del aula.
UNESCO (2023) ha insistido en que el bienestar escolar depende de culturas institucionales sólidas y liderazgo pedagógico, no solo de marcos normativos. Es decir, la convivencia no es un reglamento; es una práctica formativa cotidiana. Sin autoridad pedagógica reconocida y respaldada, cualquier política corre el riesgo de intervenir el síntoma sin transformar la raíz del problema.
El propio Ministerio de Educación ha planteado la corresponsabilidad como principio de la Política Nacional de Convivencia Educativa (MINEDUC, 2023). Pero la corresponsabilidad no puede ser una declaración abstracta. Si el profesor enfrenta el conflicto sin respaldo jurídico claro, sin formación específica en gestión de aula y sin un mensaje inequívoco de apoyo institucional, la autoridad se erosiona. Defenderla no es promover autoritarismo; es reconocer que la enseñanza requiere conducción profesional, legitimidad social y confianza pública.
El debate, entonces, no es si necesitamos una ley, sino qué tipo de señal queremos enviar como país: si seguiremos administrando el conflicto desde el escritorio o si devolveremos centralidad al aula, fortaleciendo la formación docente, reduciendo la burocracia innecesaria y respaldando explícitamente a quienes sostienen diariamente la convivencia con su palabra, su criterio y su experiencia. Porque una escuela sin autoridad pedagógica no es más inclusiva ni más democrática, es más frágil; y si no entendemos que la convivencia se construye educando y no solo regulando, seguiremos contando denuncias mientras debilitamos la figura social del profesor, que no es un gestor de protocolos, sino el principal garante de la formación ética y ciudadana de las nuevas generaciones.