Las muertes evitables en el tránsito siguen siendo una herida abierta para el país, considerando que por lo menos 1 de cada 10 siniestros viales pueden estar asociados al consumo de alcohol o drogas. En ese contexto surge la llamada Ley Alberto, una iniciativa que busca enfrentar un problema que ya no es marginal: la conducción bajo el efecto de sustancias en el transporte público y privado de pasajeros. Aunque muchas veces el debate se ha centrado en sanciones y fiscalización policial, esta ley introduce un cambio relevante desde la perspectiva sanitaria: pasar de una lógica reactiva, que actúa después del daño, a una preventiva, orientada a reducir los riesgos antes de que se transformen en tragedias.
El proyecto establece la obligación de realizar y reportar controles periódicos —a lo menos semestrales— de alcohol y drogas a conductores, financiados por las propias empresas, junto con la exigencia de condiciones laborales mínimas de descanso, higiene y alimentación. Esto no es un detalle accesorio. La evidencia en salud laboral demuestra que la fatiga, el estrés crónico y los turnos extensos actúan como factores de riesgo comparables al consumo de sustancias, deteriorando los reflejos, la toma de decisiones y la atención sostenida. Prevenir, por tanto, no es solo testear, sino intervenir sobre el entorno de trabajo, reconociendo que la seguridad vial también se construye desde condiciones laborales dignas y saludables.
Desde el punto de vista sanitario, la Ley Alberto se alinea con estándares internacionales ya vigentes en países como España, Francia, Brasil o Estados Unidos, donde los controles toxicológicos periódicos en el transporte son considerados una herramienta esencial de seguridad pública. La propia autoridad chilena ha reconocido una tendencia preocupante: la positividad de narcotest aumenta de forma sostenida, lo que obliga a actualizar las políticas públicas y los mecanismos de control. Ignorar este fenómeno sería aceptar que el sistema reaccione solo cuando ya existen víctimas, en lugar de anticiparse al daño.
Sin embargo, el desafío no es menor. La implementación de estos controles debe resguardar estrictamente los derechos de los trabajadores. Los exámenes toxicológicos generan datos sensibles de salud y, por tanto, requieren protocolos claros de confidencialidad, uso limitado de la información y una articulación efectiva con la red de atención cuando se detecten consumos problemáticos. Convertir estos controles en una herramienta meramente punitiva sería un error sanitario y social, pues reforzaría el ocultamiento del problema y dificultaría el acceso oportuno a tratamiento y apoyo.
La Ley Alberto representa, en definitiva, una oportunidad para avanzar hacia un modelo moderno de seguridad vial, donde la protección de la vida se construye desde la prevención, la responsabilidad empresarial y el cuidado de la salud de quienes transportan diariamente a millones de personas. El desafío ahora es implementarla bien, con enfoque sanitario, respeto por los derechos laborales y una mirada integral de salud pública. Solo así dejará de ser una reacción a la tragedia y se convertirá en una política capaz de salvar vidas antes de que sea demasiado tarde.
Francisco Álvarez, académico de Química y Farmacia Universidad Andrés Bello
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