La investigación hecha por el Observatorio Social de la Universidad del Alba evaluó el desempeño de 19 ministerios y más de 800 programas públicos según tres dimensiones operativas —focalización, eficiencia y eficacia—, a partir del monitoreo 2023–2024.
Entre los resultados, se encontró que los gastos fiscales ejecutados en sectores de Educación, Trabajo, Desarrollo Social, Salud y Justicia concentran los programas de políticas públicas con mayores observaciones y objeciones.
Uno de cada dos pesos del Estado de Chile se gasta en programas de políticas públicas que presentan fallas de gestión, ejecución o resultados. Así lo reveló el Ranking Ministerial de Evaluación de Políticas 2025 realizado por el Observatorio Social de la Universidad del Alba, que analizó la gestión presupuestaria de 19 ministerios y más de 800 programas públicos durante los años 2023 y 2024.
El estudio advierte que el 56,9% de los recursos fiscales se destinan a programas con deficiencias de focalización, es decir, que no siempre llegan a las personas que realmente los necesitan. A eso se suma que el 52,7% del gasto también presenta problemas de eficiencia, relacionados con sobrecostos, demoras o uso inadecuado de los recursos, mientras que un 33,6% no logra los resultados comprometidos, lo que refleja debilidades en la eficacia de las políticas públicas.
Fredy Vásquez, investigador del Observatorio Social de la Universidad del Alba y autor del estudio, explicó que “en Chile se evalúa la calidad de políticas públicas por tres criterios principales: eficiencia que se traduce en uso correcto de los recursos; eficacia que es el cumplimento de objetivos y focalización, es decir a quien le llega el beneficio. Este ranking busca identificar los ministerios con mayores observaciones en estos tres criterios”.
Ministerios críticos y riesgos sistémicos
Los resultados ubican, entre las carteras con mayor proporción de programas con observaciones, al de Trabajo y Previsión Social (97,4%), Educación (81,4%), Justicia (81,1%), Desarrollo Social y Familia (80,2%), y Salud (78,4%).
Según Vásquez, “estos ministerios son grandes, con alto volumen de gasto y programas, por lo que las observaciones no se quedan en un informe técnico: pueden transformarse en riesgos sistémicos que afectan cobertura, tiempos de atención y calidad de los servicios públicos”.
Entre los ministerios con peores resultados en focalización —es decir, en “a quién llega y con qué prioridad” la política pública— figuran Bienes Nacionales (83,3%), Energía (70%) y Mujer y Equidad de Género (66,7%).
En tanto, la eficacia —si los programas logran o no sus resultados— presenta mayores incidencias en Culturas, Artes y Patrimonio (60,3%), Energía (60,0%), Ciencia (59,4%), Mujer y Equidad de Género (58,3%) y Desarrollo Social y Familia (57,9%).
En eficiencia, que analiza el uso de recursos y la gestión operativa, las observaciones más altas se concentran en Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Energía, con un 100% de programas objetados; y en carteras grandes como Educación (47,4%) y Desarrollo Social y Familia (46,3%).
“No se trata de castigar, sino de priorizar mejoras”
El investigador recalca que el objetivo del ranking no es “etiquetar ministerios buenos o malos”, sino identificar prioridades de mejora donde el retorno público sea mayor.
“Cuando un ministerio grande tiene muchas observaciones, el impacto de corregir procesos es enorme. Mejorar focalización o eficiencia en carteras como Educación o Desarrollo Social puede traducirse directamente en mejor atención, menos burocracia y resultados más visibles para la ciudadanía”, explicó Vásquez.
El estudio muestra además que entre 2023 y 2024 aumentó la proporción de programas con hallazgos, especialmente en eficacia (+11,1%) y focalización (+9,4%), lo que sugiere brechas en la entrega de beneficios y en la capacidad de medir resultados reales.
“La mitad del gasto público opera con observaciones de gestión, y eso no significa necesariamente mal uso, sino que hay margen para optimizar la manera en que el Estado llega y rinde cuentas”, añadió.
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