El Gobierno Regional informó la recuperación de recursos no ejecutados del programa para adultos mayores. Sin embargo, el conflicto judicial no se refiere a esa devolución, sino al procedimiento utilizado por el GORE para ejecutar una garantía por el monto total del convenio antes de concluir su cierre administrativo.
El gobernador de La Araucanía René Saffirio informó este martes que el Gobierno Regional recuperó $1.397.467.668 correspondientes al convenio «Capacitación en Nutrición y Autocuidado en Adultos Mayores», ejecutado por la Universidad Mayor.
«Recuperamos $1.397 millones transferidos a la Universidad Mayor para un programa con adultos mayores que no se ejecutó. Un avance concreto en la defensa de los recursos públicos de todas y todos en La Araucanía. Aún nos queda mucho por recuperar. En conjunto con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda se debe definir el destino de los fondos recuperados»», señaló la autoridad a través de su cuenta de Instagram.
En el comunicado oficial, el Gobierno Regional agregó que el reintegro «constituye un reconocimiento concreto de que existían recursos públicos que no fueron ejecutados» y destacó que el proceso judicial continúa.
¿Qué ocurrió con el convenio?
El convenio contemplaba recursos por $2.839 millones.
Cuando el Gobierno Regional decidió ponerle término anticipado, una parte importante de esos recursos ya no alcanzaría a ejecutarse, por lo que la Universidad Mayor devolvió $1.397 millones, correspondientes precisamente al saldo disponible en la cuenta del proyecto. Ese reintegro fue materializado mediante un vale vista ingresado al GORE.
Hasta ese punto, los antecedentes no muestran controversia.
¿Dónde comienza el conflicto?
La controversia surge después.
Según los antecedentes judiciales, mientras aún debía desarrollarse el procedimiento administrativo de cierre del convenio —proceso en el que normalmente se revisan las rendiciones y se determina oficialmente el saldo final del proyecto— el Gobierno Regional decidió protestar la letra de cambio entregada como garantía e iniciar un juicio ejecutivo para cobrar $2.839.260.000, es decir, el monto total del convenio.
Es precisamente esa decisión la que hoy mantiene enfrentadas judicialmente a ambas instituciones.
Lo que sostiene la Universidad
La Universidad Mayor no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.
Sin embargo, en la demanda presentada ante el 3° Juzgado Civil de Temuco, sostiene que el Gobierno Regional ejecutó la garantía antes de finalizar el procedimiento de cierre técnico y financiero contemplado en el propio convenio.
En esa acción judicial, la institución afirma haber presentado el informe de cierre, en el que informó gastos ejecutados por $1.441 millones y un saldo cercano a $1.397 millones a favor del Gobierno Regional, documento que —según expone— nunca fue aprobado ni rechazado formalmente antes del inicio del juicio ejecutivo.
La demanda también sostiene que el protesto de la garantía provocó su incorporación al registro DICOM, generándole perjuicios institucionales y comerciales. Además, solicita que la justicia declare la ineficacia o nulidad de la letra de cambio utilizada para el cobro.
Lo que deberá resolver la justicia
El litigio no busca determinar si los $1.397 millones debían ser devueltos, ya que esos recursos fueron reintegrados tras el término anticipado del convenio.
La controversia radica en si el Gobierno Regional podía ejecutar la garantía por el monto total del convenio antes de concluir el procedimiento administrativo de cierre y determinar oficialmente las obligaciones pendientes, además de resolver las diferencias existentes respecto de las rendiciones observadas.
Será ese el punto que deberá resolver el tribunal.
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