Dra ©. María Isabel Muñoz Jaime, Directora de Carrera Trabajo Social, sede Viña del Mar. Estudiante Doctorado en Estudios Psicológicos y Sociales del Bienestar. Universidad Santo Tomás
Las definiciones tradicionales de género han perpetuado desigualdades históricas, reproduciendo la idea de que los hombres pertenecen al espacio público y las mujeres al ámbito del cuidado y la vida doméstica. Esta lógica no solo limita la libertad de las personas, sino que también configura una profunda brecha en la representación, la participación y el acceso al poder.
La historia muestra que han sido necesarios casi ochocientos años para comenzar a equilibrar la presencia de hombres y mujeres en los espacios públicos y de liderazgo. Pese a los avances, la influencia de la masculinidad sigue arraigada en instituciones y estructuras de poder, dificultando la plena incorporación de las mujeres en la toma de decisiones y en la creación de conocimiento. Esa desigualdad trasciende lo laboral: se refleja también en la valoración simbólica de las experiencias femeninas y en la persistente invisibilización de sus aportes.
En este contexto, los esfuerzos por incorporar la perspectiva de género en las agendas gubernamentales han resultado fundamentales. La creación de ministerios, oficinas y políticas públicas dedicadas a promover los derechos de las mujeres representa un avance significativo. No obstante, el desafío consiste en sostener un compromiso real y permanente que no se limite a los discursos, sino que transforme las prácticas cotidianas. Solo así será posible empoderar a la sociedad, visibilizar modelos igualitarios y erradicar la violencia, el acoso y la discriminación hacia las mujeres.
A nivel global, la interpelación a los distintos sistemas: educativos, políticos u otros en materia de equidad de género se ha vuelto ineludible. Este llamado no solo responde a una deuda histórica, sino que abre una oportunidad transformadora: reconocer las trayectorias y aportes de las mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales y políticos. Asumir este cambio implica desmontar las prácticas heteropatriarcales que aún regulan la vida social y construir nuevas formas de relación más democráticas, equitativas y solidarias.
Conmemorar el 8 de marzo es, por tanto, un acto político y ético. Es reafirmar que la igualdad de género no es una concesión, sino un derecho humano irrenunciable.