Lucas Serrano, cientista político y director de la carrera de Administración Pública, Universidad San Sebastián Concepción.
El próximo 11 de marzo Chile vivirá un nuevo cambio de mando presidencial, uno de los rituales más significativos de nuestra tradición republicana. Desde el retorno a la democracia, y aun antes en nuestra historia institucional, el traspaso del poder ha sido un momento de continuidad del Estado por sobre las disputas políticas. La ceremonia, la banda presidencial y los gestos protocolares no son meras formalidades: son símbolos de estabilidad institucional. Por lo mismo, resulta llamativo que esta transición llegue precedida por un nivel de tensión pocas veces visto. Incluso en cambios de ciclo particularmente intensos -como el retorno a la democracia- no existe registro de un traspaso marcado por un quiebre tan explícito entre las administraciones saliente y entrante.
La controversia en torno al llamado “cable chino” terminó por tensionar una transición que ya venía cargada de desconfianzas. Más allá del detalle técnico del proyecto, lo que se instaló fue una disputa sobre transparencia, información y responsabilidades políticas en el cierre de un gobierno. El resultado fue un deterioro poco habitual del clima de transición, con reuniones suspendidas y recriminaciones cruzadas que han elevado innecesariamente el tono de un proceso que, por definición, debería ser institucional antes que político.
Pero el país también enfrenta algo más profundo: el balance inevitable de un ciclo que termina. Como ocurre con todo gobierno, la administración de Gabriel Boric deja luces y sombras. Hubo impulsos reformistas y una voluntad de abrir nuevas discusiones generacionales, pero también dificultades de gestión, episodios de improvisación política y un cierre marcado por controversias que han terminado empañando su último tramo.
El gobierno entrante, por su parte, tampoco tendrá una larga luna de miel. José Antonio Kast llega al poder impulsado por la narrativa de un “gobierno de emergencia”, construida durante la campaña frente a las urgencias ciudadanas en seguridad, orden público y crecimiento económico. Esa retórica genera expectativas inmediatas y obligará a que sus primeras señales combinen sentido de urgencia con prudencia institucional. Gobernar en clave de emergencia exige decisión, pero también claridad estratégica.
A ello se suma un desafío mayor en política exterior. Chile deberá navegar con cuidado el delicado equilibrio entre sus relaciones con Estados Unidos y China, nuestro principal socio comercial. El episodio del cable submarino mostró con claridad cómo las tensiones geopolíticas globales pueden impactar en decisiones nacionales aparentemente técnicas.
En este contexto, el cambio de mando adquiere un significado que trasciende la coyuntura. Más allá de las fricciones propias de la política, el 11 de marzo debe recordar algo esencial: que la fortaleza de las instituciones chilenas no descansa en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de conducirlo con sensatez y dentro de las reglas republicanas que han dado estabilidad al país durante décadas.