La reciente revelación sobre la implicación de suboficiales del Ejército de Chile en una operación de tráfico de drogas avaluada en más de 3 mil millones de pesos no puede pasar desapercibida ni tratarse como un hecho aislado. Es un caso que hiere profundamente la confianza pública en las instituciones castrenses y que pone de relieve una amenaza que, si no es enfrentada con decisión, puede crecer hasta descomponer por dentro nuestra institucionalidad democrática.
Por desgracia, ya no se trata del primer escándalo que involucra a funcionarios de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad en actividades delictivas. Y aunque no parece ser aún una práctica generalizada, sí es un síntoma de una enfermedad institucional que comienza a expandirse silenciosamente: la penetración de la criminalidad organizada en estructuras del Estado que históricamente se han concebido como pilares de probidad, disciplina y defensa de la legalidad.
Este caso debiera encender todas las alarmas del sistema político. Se necesita una reacción firme y rápida: controles internos más rigurosos dentro de las fuerzas armadas, mecanismos efectivos de fiscalización externa, y reformas legales que contemplen penas agravadas para quienes, aprovechándose del poder y las atribuciones que otorga el Estado, incurran en delitos de corrupción y crimen organizado. En la democracia, el poder debe implicar mayor responsabilidad, no mayor impunidad.
Es cierto que, en este caso, fue el propio Ejército quien realizó la denuncia ante el Ministerio Público. Ese gesto debe reconocerse. Sin embargo, no basta con reaccionar una vez cometido el delito: la prevención debe ser parte central de la estrategia. Y eso requiere cambios estructurales en la forma en que se supervisa y evalúa la conducta de quienes integran las instituciones armadas, policiales y, en general, todo el aparato público.
La corrupción no es un fenómeno exclusivo de un sector o país; es parte de la condición humana y está presente en toda sociedad, por ello se debe combatir con fuerza, convicción y políticas sostenidas y que trasciendan a gobiernos de turno. El combate a la corrupción no es problema de un gobierno determinado, es un tema de Estado. No podemos permitir que se naturalice ni se minimice, porque el riesgo es enorme: cuando la corrupción se hace sistémica, el paso siguiente es el colapso institucional. Un Estado capturado por intereses delictivos es un Estado fallido.
Chile aún está a tiempo. Pero no debemos engañarnos: los síntomas ya están a la vista. Lo que está en juego es mucho más que la limpieza de una institución; es la salud y la sobrevivencia de nuestra democracia.
Jorge Astudillo, académico de la Facultad de Derecho UNAB, sede Viña del Mar
Leave a Reply