Señor Director:
El reciente reportaje de CIPER visibiliza una realidad que no podemos seguir ignorando: la crisis estructural de los establecimientos de larga estadía en Chile. Con más de 800 personas mayores en lista de espera, 510 de ellas derivadas por tribunales tras sufrir maltrato, evidencian el abandono de un Estado que aún no garantiza el derecho a una vejez digna, segura y protegida.
Hoy existen solo 22 ELEAM públicos en todo el país frente a 947 residencias autorizadas, la mayoría de carácter privado o subvencionado. ¿Qué pasa con quienes no pueden pagar? ¿Qué sucede con las personas mayores que enfrentan violencia o abandono familiar? Se les condena a la espera, a la precariedad o, en el peor de los casos, a la muerte invisible.
Urge una ley nacional de establecimientos de larga estadía, que regule estándares de calidad, financiamiento, fiscalización y criterios de acceso centrados en derechos humanos, no en la capacidad de pago. No podemos permitir que estas residencias sigan funcionando como negocios sin control ni garantías, mientras se institucionaliza el viejismo estructural a través de la omisión legislativa.
Agnieszka Bozanic L.
Docente investigadora Escuela de Psicología UNAB sede Viña del Mar
Presidenta Fundación GeroActivismo
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