ONG Campo Seguro sostiene que al menos, el delito ha dejado de incrementarse en la Región y llama a los organismos del Estado a continuar su focalización, y se realiza nuevamente el llamado a parlamentarios para mejorar la legislación al respecto.
Si bien es cierto, este primer trimestre del año 2025, se rompió la tendencia al alza, la ONG realizó un llamado de alerta a los organismos pertinentes en torno a su prevención, persecución y penalización. Las Provincias de Osorno y Llanquihue presentaron una disminución de un 9% durante el primer trimestre del año 2025, versus el mismo período del año anterior, siendo destacables las reducciones en la Provincia de Osorno el 88% en Puerto Octay, 29% en Purranque y 20% en Osorno, y en la provincia de Llanquihue, Puerto Varas con un disminución de 67% y Puerto Montt con un 50%. Por otro lado, se presentaron incrementos importantes en Fresia con un 75% y Río Negro con un 33%.
El gerente de la organización no gubernamental, Francisco Muñoz, sostuvo que “se denota el resultado de la calificación de delito foco por parte del Ministerio Público; la rápida respuesta de Carabineros ante hechos en flagrancia; y las labores de indagación de la Policía de Investigaciones, las que en conjunto han generado condenas efectivas, sumadas a nuestras querellas en el caso de imputados conocidos, resultando un mensaje contundente a las bandas criminales que cometen éste y otro tipo de delitos rurales y denotando la reducción de los casos cuando son condenados”.
La ONG Campo Seguro manifestó su preocupación, particularmente en las comunas con aumentos explosivos de los casos en este delito, señalando que, a su vez, se ha trabajado en el fortalecimiento de las Juntas de Vigilancia Rurales en comunas como Puerto Octay, Los Muermos, Frutillar y el propio Fresia; capacitando a productores pecuarios respecto a medidas de prevención y denuncia, la que es relevante para la disposición de recursos policiales; presentación de querellas ante imputados conocidos; junto con el apalancamiento de recursos para la instalación de medios tecnológicos, que permitan disuadir y perseguir la comisión de este delito.
Muñoz sostiene que “son de especial interés, la importancia de la realización de la denuncia; la relevancia que ha tenido la calificación de delito foco por parte del Ministerio Público en la investigación y persecución de estas verdaderas mafias; y especialmente la pronta actualización de la Ley Antiabigeato, que se mantiene durante años en la Comisión de Constitución del Senado y sin que el Gobierno califique de urgencia, a pesar de la solicitud formal presentada a mediados del año 2024, resultando contradictorio que la Ley de Robo de Madera presente mejores herramientas de persecución penal que este delito”.
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