- Hans van der Molen cuestionó el costo de 15 demandas laborales que suman cerca de $700 millones.
- Exigió respuestas sobre la responsabilidad jurídica y el origen de los fondos para pagar condenas.
- Un tribunal ordenó indemnizaciones y disculpas públicas por vulneración de derechos fundamentales.
Cerca de $700 millones en demandas laborales, reintegros por fuero y una sentencia que ordena al Gobernador ofrecer disculpas públicas. Con estos antecedentes, el CORE Hans van der Molen emplazó directamente al gobernador regional René Saffirio durante la sesión ordinaria del Consejo Regional, planteando incómodas preguntas sobre transparencia, probidad y quién asumirá los millonarios costos que podrían derivarse de las decisiones de su administración.
Una serie de cuestionamientos sobre las consecuencias económicas de las desvinculaciones de funcionarios durante la administración del gobernador René Saffirio marcó la intervención del consejero regional Hans van der Molen en la sesión ordinaria del Consejo Regional de La Araucanía.
El presidente de la Comisión N.º 11 de Régimen Interno puso el foco en los costos judiciales, las responsabilidades administrativas y la falta de claridad respecto del financiamiento de eventuales condenas, emplazando directamente al gobernador ante el pleno.
“¿Quién respaldó jurídicamente estas decisiones? ¿Se evaluaron o no sus consecuencias? ¿Cuánto está costando la defensa judicial de estas demandas laborales? ¿De dónde saldrán los recursos que van a pagar estas eventuales condenas?”, preguntó Van der Molen.
Los antecedentes fueron solicitados por la Comisión de Régimen Interno el 3 de agosto, en una reunión con la presencia de trece consejeros y la participación del jefe de la Unidad de Control, Héctor Alegría Cáceres. Requerimiento que fue aprobado por unanimidad en el pleno del 5 de agosto, y formalizado a través del Memorándum N.º 189.
El informe jurídico remitido por la Unidad de Control, mediante el Memorándum N.º 2474, dio cuenta de 15 causas judiciales vinculadas a desvinculaciones de funcionarios, con pretensiones económicas cercanas a los $700 millones.
El interés fiscalizador de Van der Molen también tiene un componente vinculado a su trayectoria como dirigente sindical. El consejero fue director del Sindicato de Profesionales de la Universidad Católica de Temuco, experiencia que le permitió conocer de cerca los conflictos laborales, los procedimientos de desvinculación y la defensa de los derechos de los trabajadores.
Desde esa perspectiva, ha manifestado especial preocupación por los antecedentes de al menos tres reintegros de funcionarios relacionados con situaciones de fuero, además de las acciones de tutela laboral y sindical que figuran entre los procesos informados.
La intervención adquirió otra dimensión cuando Van der Molen expuso una sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco contra la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía, relacionada con hechos ocurridos durante la actual administración de René Saffirio, quien además preside el directorio de dicha entidad.
El tribunal acogió una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales y ordenó pagar $42.720.000 entre indemnizaciones y costas judiciales, además de reajustes, intereses y una multa de 40 UTM.
Pero la resolución también contempla medidas que involucran directamente al Gobernador: ofrecer disculpas públicas a la trabajadora a través de un medio regional de amplia circulación y participar, junto con sus jefaturas de confianza, en una capacitación obligatoria de al menos 20 horas sobre derechos fundamentales de los trabajadores.
“Lo más significativo, no solamente el monto, sino que también la sentencia ordena al gobernador regional, en su calidad de presidente del directorio de la Corporación, que ofrezca unas disculpas públicas a la trabajadora”, enfatizó Van der Molen.
La intervención también abordó la importancia de que el Ejecutivo Regional entregue información completa y verificable para el ejercicio de las facultades fiscalizadoras del Consejo Regional.
“La fiscalización no es una concesión que podemos entregar, es una facultad legal del Consejo Regional, y la entrega oportuna también de la información constituye un deber institucional”, sostuvo el consejero.
Van der Molen planteó que las decisiones administrativas deben examinarse no solo por sus fundamentos jurídicos, sino también por las consecuencias económicas que pueden generar para las instituciones públicas. En ese contexto, exigió mayor claridad sobre los costos de defensa judicial, los riesgos financieros y el origen de los recursos destinados a eventuales obligaciones.
La discusión puso bajo examen el cumplimiento de los deberes de transparencia y el resguardo de los principios de probidad administrativa, sin que los antecedentes expuestos constituyan por sí mismos una determinación formal de infracciones.
El presidente de la Comisión de Régimen Interno anunció que solicitarán información actualizada sobre las causas judiciales, los gastos de defensa, los riesgos económicos y las fuentes de financiamiento previstas para eventuales condenas. También requerirán antecedentes sobre el estado procesal del fallo contra la Corporación y las medidas para su eventual cumplimiento.
Antes de concluir, Van der Molen reiteró su cuestionamiento central sobre las responsabilidades y los costos de las decisiones adoptadas durante esta administración.
“No basta con conocer solamente las demandas y las sentencias. Necesitamos saber también cuánto estarán costando estas decisiones, quiénes las respaldaron y con qué recursos se enfrentarán las consecuencias”, concluyó ante el pleno del Consejo Regional.
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