- Un grupo de cinco diputados presentó un requerimiento formal ante la Comisión de Ética y Transparencia.
- La acción responde a las declaraciones de Jaime Bassa, quien relacionó al Ministerio de Justicia con una supuesta red internacional de pedofilia.
- Los parlamentarios acusan que las acusaciones carecen de pruebas y vulneran el reglamento sobre la conducta parlamentaria.
El parlamentario de La Araucanía, junto a otros cuatro diputados, presentó un requerimiento para que se investiguen las declaraciones del legislador del Frente Amplio, quien relacionó las rebajas de condenas a abusadores sexuales de menores con una presunta organización criminal internacional. La presentación cuestiona la falta de antecedentes que respalden dichas afirmaciones y solicita determinar si existieron infracciones a los deberes de ética parlamentaria
El diputado Tomás Kast, junto a los parlamentarios Juan Carlos Beltrán, René Manuel García, Mauro González y Rodrigo Ramírez, impulsó un requerimiento ante la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados contra el diputado Jaime Bassa (FA), a raíz de sus declaraciones sobre las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La presentación solicita investigar eventuales infracciones a los deberes de ética parlamentaria, luego de que el legislador vinculara las decisiones del Ministerio de Justicia con la existencia de una supuesta red internacional de pedofilia, sin presentar públicamente antecedentes verificables que sustenten dicha relación.
La controversia se originó tras las declaraciones realizadas por Bassa el pasado 27 de octubre, cuando exigió la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del subsecretario de la cartera, cuestionando las decisiones adoptadas respecto de las rebajas de condenas. En esa oportunidad, el parlamentario afirmó que “esto no es un error. Esta es una manifestación más de una red de pedofilia internacional”, haciendo referencia también a Paul Schäfer, Jeffrey Epstein y al presidente argentino Javier Milei.
Según el requerimiento, estas expresiones exceden el cuestionamiento político a las decisiones gubernamentales al establecer una vinculación con una presunta organización criminal sin identificar antecedentes concretos que permitan respaldarla.
Frente a este escenario, Kast señaló que “las rebajas de condenas a personas que cometieron delitos sexuales contra menores merecen toda la revisión y fiscalización que corresponda. Pero una cosa es exigir responsabilidades y otra muy distinta vincular al Gobierno con una supuesta red internacional de pedofilia sin presentar pruebas”. En esa línea, agregó que “en política no todo vale y quienes ejercemos un cargo público tenemos la obligación de actuar con responsabilidad. Por eso hemos recurrido a la Comisión de Ética, porque acusaciones de esta gravedad no pueden quedar sin una revisión seria y rigurosa”.
El requerimiento sostiene que las declaraciones podrían contravenir distintas disposiciones del artículo 346 del Reglamento de la Cámara, relacionadas con el deber de mantener una conducta acorde a la investidura parlamentaria, actuar con honradez y buena fe y respetar a las personas y autoridades públicas. Los diputados argumentan que, si bien existe pleno derecho a cuestionar las decisiones del Ejecutivo y exigir responsabilidades políticas, las imputaciones que vinculan a autoridades con organizaciones criminales requieren fundamentos verificables. Por ello, solicitan que la Comisión de Ética examine las circunstancias en que fueron emitidas las declaraciones, los antecedentes disponibles y su compatibilidad con las obligaciones reglamentarias.
Finalmente, los parlamentarios solicitaron declarar admisible el requerimiento e iniciar el procedimiento ordinario correspondiente, permitiendo que Bassa entregue sus descargos y los antecedentes que estime pertinentes. La presentación también pide determinar si existió una infracción a los deberes de ética parlamentaria y, en caso de acreditarse, aplicar las medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento. Los diputados recalcaron que la acción no busca impedir el debate sobre las rebajas de condenas ni limitar las atribuciones fiscalizadoras del Congreso, sino establecer si las declaraciones cuestionadas se ajustan a los estándares de responsabilidad exigidos a quienes ejercen la función parlamentaria.
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