Stephan Schubert y Tomás Kast lideraron las reacciones desde la región, en un rechazo transversal al informe que reveló millonarias transferencias sin rendición durante la administración anterior. Parlamentarios pidieron investigaciones y respaldaron fortalecer los mecanismos de control del gasto público.
Un fuerte rechazo transversal generó el tercer reporte del Plan de Inspección Total al Estado, elaborado por el Comité Estratégico de Auditoría, luego de revelar que existen más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones que no acreditan su debida rendición de cuentas, situación que diversos parlamentarios calificaron como una grave señal de las deficiencias en los controles de la administración anterior.
Desde La Araucanía, los diputados Stephan Schubert (Partido Republicano) y Tomás Kast (Evópoli) manifestaron su preocupación por los antecedentes y coincidieron en la necesidad de que las eventuales responsabilidades sean investigadas tanto por la Contraloría General de la República como por el Ministerio Público.
Schubert sostuvo que espera que la información contenida en la auditoría sea remitida a las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades.»Espero que esta información sea llevada a la Contraloría General de la República y también al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes y, de comprobarse delitos o faltas administrativas, se sancione con todo el rigor. Estos son recursos de todos los chilenos y no pueden administrarse como si fueran una caja para pagar favores. La administración anterior tiene que dar explicaciones», afirmó.
Por su parte, el diputado Tomás Kast señaló que el informe evidencia que durante años existieron controles insuficientes sobre el uso de recursos públicos. «Los antecedentes son muy preocupantes y demuestran que durante demasiado tiempo el Estado funcionó con controles insuficientes y con recursos de todos los chilenos sin la debida fiscalización. Lo importante es que hoy estos antecedentes se están investigando y se están fortaleciendo los mecanismos de control. Nuestro compromiso es claro: transparencia, probidad y tolerancia cero con el mal uso de cada peso que pertenece a los contribuyentes», indicó.
Reacciones desde distintas bancadas
Las críticas fueron compartidas por parlamentarios de diversos sectores políticos, quienes coincidieron en la necesidad de perseguir las eventuales responsabilidades penales y administrativas derivadas del informe.
El diputado Álvaro Carter (Republicano) calificó el reporte como «lapidario», mientras que Erich Grohs (Partido Nacional Libertario) afirmó que el documento demuestra una «debilidad institucional intolerable» en el manejo de recursos públicos.
En tanto, Roberto Arroyo (independiente) valoró que el actual proceso de fiscalización continúe avanzando, asegurando que las cifras evidencian una grave falta de resguardo del patrimonio fiscal.
Por su parte, el diputado Fabián Ossandón (PDG) anunció que impulsará un proyecto de ley para establecer auditorías forenses obligatorias al inicio de cada nueva administración municipal y de los gobiernos regionales, con el objetivo de fortalecer los controles sobre el uso de recursos públicos y prevenir nuevos casos de corrupción.
El tercer reporte del Comité Estratégico de Auditoría forma parte del denominado Plan de Inspección Total al Estado, iniciativa orientada a revisar transferencias de recursos públicos y detectar eventuales irregularidades en la ejecución de fondos fiscales.
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