Los implicados fueron declarados culpables tras reconocer su participación en millonarios fraudes y lavado de activos. Muchos eran de bajos recursos o incluso en situación de calle.
El Juzgado de Garantía de Temuco condenó a 13 personas involucradas en la denominada “Operación Imperio”, una red dedicada al fraude bancario y lavado de activos, tras un procedimiento abreviado en que los acusados reconocieron su participación en los delitos imputados por la Fiscalía.
Según explicó la jueza Leticia Rivera, los sentenciados “admitieron los antecedentes presentados por el Ministerio Público que los vinculaban con diversos delitos, entre ellos estafa, obtención fraudulenta de créditos, ilícitos tributarios y lavado de activos”.
El fiscal Enrique Vásquez, a cargo de la investigación, precisó que “el perfil de la mayoría de estos imputados está relacionado con personas de escasos recursos, quienes fueron contactadas por los miembros de la agrupación a fin de que, previa oferta de un beneficio económico, entregaran sus antecedentes con los cuales se crearon empresas falsas”. Con esa información, los líderes de la organización lograron defraudar al Banco Santander y diversas entidades financieras automotrices.
Muchos de los condenados —según detalló el persecutor— se encontraban en situación de vulnerabilidad o incluso en calle, y fueron utilizados como prestanombres o testaferros. “Algunos familiares de los líderes de la agrupación también fueron condenados en su calidad de testaferros, al considerarse que entregaron su identidad para registrar vehículos motorizados y encubrir operaciones de lavado de activos”, añadió Vásquez.
El Ministerio Público explicó que algunos de los implicados también facilitaron su identidad para realizar fraudes asociados a la compra de vehículos, afectando a distintas financieras automotrices.
La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para mañana miércoles 29 de octubre, instancia en la que se conocerán las penas que deberán cumplir los condenados.
La “Operación Imperio” puso en evidencia cómo redes criminales pueden aprovechar la precariedad económica de personas vulnerables, incorporándolas en estructuras de fraude que luego derivan en delitos complejos de carácter financiero y tributario.
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