Desde la Superintendencia, que multó a la municipalidad con 56 UTM (cerca de $3.844.288), se argumenta que la instalación de pórticos “incumple la normativa educativa, que establece que este tipo de medidas altamente intrusivas vulneran los derechos de las y los estudiantes, como el derecho a la educación, a la dignidad ya la intimidad”.
En ese contexto, el presidente de la ACHM defendió el uso de estas herramientas para contener y controlar la violencia dentro de los recintos, recordando que estos hechos de violencia ya no son aislados y que las medidas de prevención tradicionales ya no bastan.
“Comunas como Santiago, San Pedro de Melipilla, Parral, Lota, Temuco, San Carlos o Tocopilla , por nombrar solo algunas, han debido enfrentar episodios de violencia que ponen en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y comunidades enteras, porque el uso de armas blancas, amenazas y agresiones físicas se está volviendo una constante”, aseveró Alessandri.
Finalmente, catalogó la sanción de la Superintendencia de Educación como una medida “totalmente desconectada de la realidad nacional , pues actúa como si los tiempos no hubieran cambiado”, al tiempo que agregó que “los marcos normativos actuales del Ministerio de Educación fueron diseñados en contextos muy distintos a los que hoy enfrentamos y, desde ese punto de vista, creemos que Llegó la hora de revisarlo y comenzar un diálogo nacional. que ponga este tema en el centro de la política pública, porque proteger los espacios educativos es una urgencia social”.
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