- La iniciativa mejora la continuidad de la protección al transitar entre tribunales de Familia y justicia penal.
- Se fortalece el uso de monitoreo telemático para garantizar una respuesta eficaz frente a riesgos.
- Busca eliminar las brechas institucionales para que las medidas cautelares no sean solo teóricas.
La iniciativa impulsada por el Gobierno busca perfeccionar el sistema de
medidas cautelares, fortaleciendo su continuidad, supervisión y
cumplimiento, junto con mejorar herramientas como el monitoreo telemático y
la coordinación institucional frente a situaciones de riesgo.
Fortalecer la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia y
mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a situaciones de riesgo
son parte de los principales objetivos del proyecto de ley de Medidas
Cautelares Reforzadas, iniciativa impulsada por el Gobierno que busca
perfeccionar el actual sistema de protección frente a la violencia
intrafamiliar y la violencia contra las mujeres.
El proyecto propone modificaciones a cinco cuerpos legales y aborda
distintos ámbitos del sistema, entre ellos la continuidad de las medidas
cautelares, la coordinación entre los tribunales de Familia y la justicia
penal, el fortalecimiento del monitoreo telemático, el control de las
medidas decretadas judicialmente y la respuesta frente a sus
incumplimientos.
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la Región de Coquimbo, Rudy
Rivera Bugueño, destacó que la iniciativa busca avanzar hacia una
protección que no solo sea decretada judicialmente, sino que también tenga
seguimiento y pueda ser efectivamente cumplida.
“Una medida cautelar no puede quedar solamente en el papel. Cuando una
mujer está viviendo violencia y existe una medida para protegerla,
necesitamos que esa protección tenga seguimiento, continuidad y una
respuesta efectiva frente a un eventual incumplimiento. Este proyecto busca
fortalecer esas herramientas y cerrar brechas para que el Estado pueda
responder de manera más oportuna frente al riesgo”, señaló la autoridad
regional.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa apunta a fortalecer la
continuidad de la protección cuando una causa transita desde los tribunales
de Familia hacia la justicia penal, evitando que una mujer quede
desprotegida mientras se resuelven eventuales conflictos de competencia.
Junto con ello, se busca mejorar los mecanismos de coordinación entre los
tribunales de Familia, juzgados de Garantía y el Ministerio Público.
“Una mujer que está en riesgo no puede quedar desprotegida porque su causa
cambió de tribunal. Necesitamos una cadena de protección que funcione de
manera continua, donde las instituciones estén coordinadas y donde la
seguridad de la víctima esté presente durante todo el proceso”, enfatizó
Rivera.
La propuesta también contempla fortalecer el monitoreo telemático en
determinadas causas de violencia intrafamiliar, permitiendo que esta
herramienta pueda ser solicitada en una etapa más temprana ante los
juzgados de Garantía, sin que ello signifique una aplicación automática. Su
utilización continuará dependiendo de una decisión judicial fundada y
proporcional al riesgo.
Asimismo, el proyecto aborda la inutilización intencional de los
dispositivos de monitoreo y busca fortalecer la respuesta frente al
incumplimiento de determinadas medidas cautelares. También considera la
colaboración de inspectores de seguridad municipal con las policías para el
control de ciertas prohibiciones decretadas judicialmente, dentro de las
atribuciones y protocolos que establezca la legislación.
“El monitoreo telemático es una herramienta importante, pero ningún
dispositivo por sí solo garantiza la seguridad de una mujer. Tiene que
existir evaluación del riesgo, seguimiento, coordinación institucional y
capacidad de reaccionar oportunamente frente a una alerta. El dispositivo
es una herramienta; la protección tiene que funcionar como un sistema”,
explicó la seremi.
Otro de los ámbitos considerados por la iniciativa es el hostigamiento que
puede producirse mediante mensajes, redes sociales, plataformas digitales u
otros mecanismos tecnológicos, permitiendo que la protección judicial pueda
responder también frente a estas formas de violencia.
A ello se suma la posibilidad de contar, en determinados tribunales de
Garantía, con jueces o juezas con dedicación preferente en materias de
violencia intrafamiliar, favoreciendo una mayor especialización y
continuidad en el conocimiento de estas causas.
La seremi Rudy Rivera recalcó que la iniciativa inicia su discusión
legislativa y podrá ser perfeccionada durante su tramitación, pero enfatizó
que su propósito central es avanzar hacia una respuesta estatal más
efectiva frente a las situaciones de violencia.
“Una medida cautelar que no se controla, no protege. Nuestro desafío es que
las herramientas que existen tengan seguimiento, que las instituciones
actúen coordinadamente y que podamos responder cuando una mujer está en
riesgo. Queremos avanzar hacia una protección más efectiva, oportuna y
continua para las mujeres víctimas de violencia”, concluyó la autoridad
regional.
