El Día Internacional de los Niños y Niñas en Situación de Calle, que se conmemora cada 12 de abril, busca visibilizar a una infancia olvidada. Aquella que sobrevive sin hogar, sin relaciones protectoras ni acceso a redes de apoyo. En Chile, el último Conteo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle, realizado en 2018 por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, registró 547 casos a nivel nacional, de los cuales 59 correspondían a la región del Biobío.
Según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se considera en situación de calle a “niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que establecen una relación intensa y permanente con la calle, usándola como espacio de pernoctación, socialización y/o trabajo, estando desvinculados total o parcialmente de su familia o red de apoyo.”
A la fecha, no existen cifras oficiales más recientes y un diagnóstico actualizado se vuelve aún más difícil, considerando que ya no está en funcionamiento el único programa regional especializado que trabajaba directamente con esta población vulnerable.
Se trata de Suyai, creado en 2012 y ejecutado por la Corporación CATIM en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Durante más de una década fue la única intervención especializada y humana en la región del Biobío para abordar esta temática. Contó con presencia en 12 comunas y un equipo interdisciplinario que entregaba un acompañamiento directo y personalizado que les permitía vincularse con la red de protección social.
Su trabajo en terreno, sostenido y respetuoso, buscaba abrir oportunidades reales para quienes muchas veces habían quedado fuera de toda red de apoyo. No se trataba solo de “rescatar de la calle”, sino de construir, junto a ellos y ellas, un proyecto de vida posible y digno.
“Hablar de niñez en situación de calle es hablar de una deuda estructural del Estado. Durante años, Suyai fue el único dispositivo que llegó donde nadie más llegaba, su cierre no solo dejó sin atención a una población altamente vulnerable, también invisibilizó una realidad que requiere decisión política, inversión sostenida y un compromiso real con los derechos de la infancia”, afirma Sandra Castro Salazar, gerenta de Corporación CATIM.
Una década de presencia, un año de vacío
Durante su ejecución, el programa desarrolló un modelo de intervención integral, que no solo trabajaba en la restitución de derechos, sino en la reconstrucción de vínculos rotos, el acceso a salud, educación, afectos y redes. Suyai fue, para muchos adolescentes, el primer lugar donde fueron escuchados sin prejuicio.
“Yo entré al programa cuando tenía 14 años. Vivía en la calle, no confiaba en nadie. En Suyai me ayudaron a salir de eso, me acompañaron sin juzgarme. Que lo hayan cerrado es como decir que ya no importamos”, relata una joven de 20 años, exparticipante del programa.
A un año ce su cierre, el programa, no ha sido reemplazado por ninguna otra política pública o intervención de alcance similar. Procesos vitales de acompañamiento quedaron truncados, y profesionales con experiencia acumulada fueron desvinculados. Lo más grave, los niños y jóvenes que formaban parte del programa quedaron sin contención institucional.
“El impacto del cierre no fue solo en las estadísticas, fue humano. Eran procesos de meses, incluso años, que no se podían suspender sin consecuencias. Para muchos niños, niñas y jóvenes, éramos su único vínculo con los sistemas de protección”, señala Óscar Vidal, director del Área de Inclusión Social de CATIM.
La calle nunca será una opción
Uno de los desafíos más complejos durante estos años ha sido el estigma social hacia niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Son muchas veces vistos como “peligrosos”, “drogadictos” o “delincuentes”, cuando en realidad la calle es el último recurso ante una vida marcada por la exclusión, el abandono, la violencia y la negligencia.
No es que los jóvenes decidan irse a la calle, es la sociedad la que ha fallado en proteger su infancia. La falta de adultos cuidadores, la ausencia de educación, los abusos reiterados y la desconexión total con las redes de protección hacen que la calle, y con ella el delito, el consumo o la explotación sexual, se conviertan en mecanismos de sobrevivencia.
A esto se suma otro síntoma grave: la inexistencia de datos actualizados desde 2018. Han pasado siete años desde que el Estado publicó cifras oficiales sobre cuántos niños, niñas y adolescentes están en situación de calle. En ese momento fueron 547 a nivel nacional, hoy, no lo sabemos.
Además de esta ausencia de información, la Defensoría de la Niñez ha advertido un agravamiento de la situación. Según su Nota Técnica N°4, entre 2018 y 2020 se produjo un aumento del 35,8% en los ingresos de niños, niñas y adolescentes en situación de calle a programas de protección del Estado. En el mismo informe, se advierte que en 2020 había 174 NNA en situación de calle junto a sus familias, influido en parte por el aumento de la migración, lo que ha complejizado aún más esta problemática.
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