La auditoría incluye a Serviu Antofagasta y a municipalidades del norte como Calama, Taltal y María Elena. El informe revela que ninguna de las 73 entidades fiscalizadas —del Gobierno Central y municipios— logró acreditar la confiabilidad de sus estados financieros, comprometiendo recursos equivalentes a un sexto del presupuesto público 2026.
Un grave diagnóstico sobre la gestión financiera del Estado chileno quedó al descubierto tras la publicación del Segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA N°2) de la Contraloría General de la República, que revisó los estados financieros de 73 entidades públicas entre 2020 y 2024. En este listado aparecen instituciones con impacto directo en la Región de Antofagasta, como Serviu Antofagasta, y municipalidades del norte grande como Calama, Taltal y María Elena, evidenciando que la crisis también alcanza de lleno a la administración pública regional.
El resultado fue categórico: en el 100% de los casos la Contraloría se abstuvo de emitir opinión, lo que en términos técnicos significa que no fue posible confirmar que las cifras presentadas fueran razonables ni confiables, debido a la falta de respaldo suficiente y adecuado de los saldos contables.
Según el informe, las causas se repiten transversalmente en todas las entidades auditadas: controles internos débiles o inexistentes, registros contables con inconsistencias no aclaradas, ausencia de análisis que sustente las cifras reportadas y fallas estructurales en los sistemas informáticos y en los controles de tecnología de la información. Estas deficiencias impidieron asegurar la confiabilidad de la información financiera y revelan riesgos significativos de mala gestión, errores graves o eventuales fraudes.
En términos de magnitud, el escenario es de alta gravedad. La Contraloría cifró en $15,9 billones de pesos los recursos involucrados en este desorden financiero, equivalentes a US $17.300 millones, monto que representa aproximadamente un sexto del presupuesto público proyectado para 2026. Del total observado, el 91% corresponde a entidades del Gobierno Central y el 9% a municipalidades, lo que da cuenta de una crisis transversal que no distingue nivel administrativo.
Para los habitantes de la Región de Antofagasta, el informe adquiere especial relevancia considerando que Serviu Antofagasta —organismo clave en materia de vivienda e infraestructura— figura dentro de las entidades auditadas, junto a municipios de la macrozona norte. Si bien la Contraloría revisó una muestra acotada, la reiteración de las mismas falencias permite inferir que esta situación podría ser representativa de una realidad más amplia, tanto a nivel regional como nacional.
El impacto de este desorden financiero no es solo contable. La propia Contraloría advierte que la falta de información confiable afecta directamente la toma de decisiones estratégicas, limita la correcta planificación del gasto público y debilita la transparencia, un elemento clave para la confianza ciudadana en instituciones que administran recursos destinados a vivienda, salud, educación, obras públicas y programas sociales.
Como consecuencia de los hallazgos, el organismo fiscalizador instruyó 27 sumarios administrativos, 10 procedimientos disciplinarios internos y 10 remisiones de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, lo que refleja la gravedad institucional del escenario detectado.
El listado de entidades auditadas —que incluye ministerios, servicios públicos estratégicos y municipalidades de distintas regiones del país— refuerza una conclusión inquietante: no se trata de casos aislados, sino de una falla estructural del sistema público chileno en materia de control financiero, rendición de cuentas y estándares de gestión.
En un contexto donde regiones como Antofagasta enfrentan fuertes demandas sociales, presión sobre el gasto público y grandes proyectos de inversión estatal, el informe de la Contraloría instala una advertencia mayor: sin una reformulación profunda de los sistemas contables y de control del Estado, la capacidad del Gobierno Central y de los municipios para responder con eficiencia, transparencia y credibilidad a la ciudadanía queda seriamente en entredicho.
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