Olga Barbosa
Centro de Investigación
para la Sustentabilidad UNAB
Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB
Recientemente, la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) publicó su primer informe mundial sobre Negocios y Biodiversidad, con un claro mensaje: ninguna empresa está desconectada de la naturaleza y la pérdida de biodiversidad ya es un riesgo económico global.
Pese a esta advertencia, hablamos mucho de los impactos empresariales sobre la naturaleza, pero poco de sus dependencias. Y esa omisión es crítica. Por ejemplo, la agricultura depende de la polinización, un proceso de la naturaleza; el comercio depende de que esa producción exista; el sistema financiero depende de que toda esa cadena de valor funcione. Si se deteriora la biodiversidad, se encarecen los insumos, se interrumpen los procesos y aumentan los riesgos, afectando la economía completa. La naturaleza no es un paisaje: es infraestructura.
Estas dependencias pueden ser directas —materias primas, recursos genéticos, agua, energía— e indirectas, como la regulación de flujos hídricos, la estabilidad climática o la calidad del aire. Incluso existen beneficios no materiales, como salud mental, sentido de pertenencia o el valor cultural de los territorios. Todos influyen en la viabilidad de un negocio, aunque no siempre se reflejan en los números.
Pero las cifras son claras: en 2023, se invirtieron 7,3 billones de dólares que dañaron la biodiversidad, frente a solo 220 mil millones para protegerla, y menos del 1% de las empresas reporta sus impactos y dependencias. No estamos frente a un problema “verde” sectorial, sino ante una fragilidad estructural del sistema económico que no hemos querido ver.
Cambiar esto no es solo una tarea empresarial. Persisten subsidios y normas que siguen incentivando prácticas dañinas. Si el nuevo gobierno quiere más crecimiento, debe alinear política pública, regulación e instrumentos financieros para que ese crecimiento sea sólido y sostenible. El sector financiero global ya se ajusta a riesgos ambientales; Chile no puede quedar rezagado.
Este informe, elaborado durante tres años por 79 especialistas de 35 países –incluyéndome, en representación de Chile—, es una colaboración inédita entre academia y sector empresarial, y no es solo un diagnóstico: entrega cien recomendaciones concretas para que toda la cadena de valor integre la biodiversidad en su toma de decisiones.
Por ejemplo, evaluar las dependencias y los riesgos de no incorporarlas durante la evaluación financiera temprana. Proyectos que no consideran adecuadamente sus dependencias pueden enfrentar conflictos sociales, judicialización o paralizaciones costosas. ¿Cuánto capital se pierde cuando un proyecto se detiene por no haber anticipado estos factores? Ejemplos en Chile hay varios, más recientemente, el proyecto INNIA.
En nuestro país, el debate sobre “permisología” no debe simplificarse como una dicotomía entre crecimiento y conservación, y en donde se considera a la naturaleza más como problema que como un asset. El desafío, entonces, es impulsar desarrollo basado en conocimiento, tecnología y responsabilidad ambiental, modernizando la regulación para incentivar esta transformación, sin debilitar evaluaciones rigurosas, exigiendo medidas que eviten o reduzcan impactos sobre biodiversidad e incentivando, además, el uso de soluciones basadas en la naturaleza. En definitiva, dejar de ver la naturaleza como una concesión al desarrollo, sino como un seguro para este.