Personas mayores y derecho a vínculos: entre la protección y la autonomía

Dra. Naldy Febré V.

Directora del Instituto de Investigación del Cuidado en Salud, U. Andrés Bello

Para 2050, la población mayor de 60 años se duplicará a 2.100 millones, representando el 22% del total mundial. Chile no está ajeno a este fenómeno: en 2024, las personas mayores de 65 años alcanzaron el 14% de la población, y cada vez más viven solas. Este escenario plantea desafíos urgentes para la salud, las pensiones y, sobre todo, para garantizar vínculos sociales que sostengan el bienestar.

Hablar de soledad en la vejez es hablar de una experiencia humana profunda, muchas veces invisible. No se trata solo de estar físicamente solo, sino de sentir una distancia entre los vínculos deseados y los reales. En Chile, un 43,5% de las personas mayores declara sentirse sola, y más de la mitad presenta alto riesgo de aislamiento social. Esta realidad no responde únicamente a decisiones individuales, sino a cambios estructurales: familias más pequeñas, movilidad geográfica, urbanización y estilos de vida cada vez más individualistas.

En este contexto surge el proyecto de ley que busca garantizar el derecho de las personas mayores a mantener relaciones familiares y sociales, mediante un procedimiento judicial especial. La iniciativa visibiliza una problemática real y se alinea con principios de dignidad e igualdad. Sin embargo, su diseño plantea tensiones relevantes. Trasladar al ámbito de la vejez el modelo de “relación directa y regular” propio del derecho de infancia resulta problemático, pues presupone una lógica tutelar que no corresponde a adultos autónomos. Además, judicializar los afectos introduce una coerción en un espacio íntimo, donde la voluntad debe primar sobre la imposición.

La Corte Suprema advierte riesgos de paternalismo y sugiere fortalecer mecanismos no coercitivos, priorizando políticas públicas que prevengan el aislamiento social. Expertas en envejecimiento coinciden: centrar la solución en la familia es insuficiente y, en algunos casos, contraproducente. Las historias familiares son diversas y no siempre garantizan bienestar. El desafío es mayor: construir redes comunitarias, servicios de apoyo psicosocial y espacios de encuentro que promuevan inclusión y autonomía.

Reconocer la soledad como problema social es un avance. Pero imponer vínculos mediante sanciones puede vulnerar la dignidad que se busca proteger. Más que obligar a relacionarse, Chile necesita políticas integrales que fomenten un envejecimiento digno, activo y humano.