A una década de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Escolar, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) y los diputados Diego Schalper (RN), Hugo Rey (RN) y Sergio Bobadilla (UDI), junto a representantes del movimiento Escuelas Abiertas, de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa) y del movimiento No Más Víctimas, abrieron el debate sobre los efectos que ha tenido esta legislación en el sistema educativo chileno.
La actividad tuvo lugar en el Congreso Nacional y buscó visibilizar el profundo deterioro que vive la educación pública, marcado por una caída sostenida en la calidad de los aprendizajes, paros docentes reiterados, aumento de la violencia escolar y una creciente desconfianza de las familias. Además, se abordaron los proyectos legislativos en tramitación que buscan corregir estos efectos, como las modificaciones al Sistema de Admisión Escolar (SAE), la Ley de Convivencia Escolar y la ley “Demandas Insatisfechas”.
Senador Gustavo Sanhueza señaló que “hay una tremenda frustración en los padres y apoderados pero también en los propios establecimientos. Por eso, en un trabajo conjunto entre la Cámara y el Senado, logramos poner sobre la mesa modificaciones al Sistema de Admisión Escolar, más conocido como la tómbola. Primero se estableció una mesa técnica, para verlo desde el punto de vista técnico y no político, porque aquí lo que ha actuado en los últimos años es la ideología. Por eso relevamos el trabajo de la mesa y agradecemos el trabajo que han realizado desde diciembre a marzo. En base a eso, comenzamos la votación de las modificaciones al SAE. Eso es un hito tremendamente importante. Esperamos 10 años para poder volver a recuperar el mérito, para que la adhesión al proyecto educativo sea un elemento esencial en el proceso de inscripción”.
El senador también destacó que “otro hecho relevante es que en el Senado, se votó en general el proyecto denominado ‘Demandas insatisfechas’, porque cuando no tenemos una educación que provea una oferta educativa de calidad, también existe una demanda insatisfecha. Es por eso que este proyecto cobra relevancia. Así que, creo que estamos trabajando desde el Congreso porque hemos escuchado a las comunidades educativas y a los sostenedores”.
Asimismo, el diputado Diego Schalper indicó: “Que le devuelvan los patines a los niños de Chile. Patines que le quitaron hace 10 años atrás, con una ley que prometía inclusión y lo que ha producido es exclusión, que prometía calidad y ha dado pésimos resultados respecto a la educación de los niños, que prometía más libertad para las familias, más derecho para poder acceder a la educación que quisieran, y lo que ha entregado es menos derecho y familias que hacen fila a la espera de un espacio en los colegios, y más grave que eso, niños esclavos de paros como el del colegio de profesores”.
María Teresa Romero, vocera del movimiento Escuelas Abiertas, subrayó que “esta semana se cumplen 10 años de la Ley de Inclusión Escolar, tiempo suficiente para evaluaciones. Lamentablemente, esta ley nos prometía mejorar en calidad, disminuir en segregación, pero nada de eso ha sucedido. Estamos peor en términos de aprendizaje, mucha mala convivencia escolar y violencia escolar desbordada y paros y paralizaciones de clases constantemente. Venimos a impulsar tres proyectos de ley que vendrían a mejorar la Ley de Inclusión Escolar. Primero, corregir el sistema de admisión escolar. En segundo lugar, facilitar la creación de más colegios con subvención del Estado. Y finalmente, consagrar la educación como un servicio esencial para que nunca más se paralicen las clases por paros, por tomas, etcétera”.
Desde el movimiento No Más Víctimas, su vocero José Miguel González fue enfático: “La crisis de seguridad también llegó a las aulas. No estamos hablando solo de bullying o convivencia, estamos hablando de niños resolviendo sus diferencias a apuñaladas o disparos, como en San Pedro de la Paz, Coronel o Melipilla. Estamos arrematándole el futuro a nuestros niños: ni siquiera podemos garantizar que lleguen seguros al colegio ni que vuelvan vivos a casa. Esto no puede seguir siendo una urgencia secundaria. Es hora de que el Estado actúe, con soluciones reales, no con más protocolos ni comisiones sin recursos. Los directores necesitan autonomía para actuar y proteger a sus comunidades. Sin eso, estamos dejando que el narco y la violencia le ganen al sistema escolar”.
Erika Muñoz, presidenta de Confepa, advirtió: “El Estado no puede seguir pasando por encima del derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. Llevamos una década viendo cómo decisiones ideologizadas han desplazado a las familias del centro del sistema educativo. Hoy exigimos que se respete su rol, que se recupere el mérito y que se garantice un real acceso a proyectos educativos que representen sus valores y aspiraciones.
En tanto, el diputado Hugo Rey, señaló que: “Nosotros vemos en el Gobierno muy poco compromiso respecto de hacer las mejoras que correspondan y por lo tanto vamos a seguir atentos, vamos a seguir junto a los apoderados peleando por una mejor educación en Chile porque lamentablemente la promesa de hace 10 años no se cumplió”.
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