Más allá del impacto inmediato de la pérdida de más de un millón de vacunas contra la influenza y la eventual administración de más de mil unidades vencidas, lo más preocupante es el efecto que estos hechos pueden tener en la confianza ciudadana y, por lo tanto, en la salud pública de nuestro país.
Cuando se instala la duda sobre la calidad o trazabilidad de las vacunas, no solo se cuestiona un proceso, sino también la seguridad y eficacia de los medicamentos en sí. Esto puede debilitar el compromiso de la población con una herramienta fundamental de prevención.
De comprobarse la administración de vacunas fuera de norma, será muy difícil hacer un seguimiento clínico adecuado y evaluar posibles efectos adversos. Pero incluso si el mayor riesgo es la pérdida de eficacia, eso ya supone haber dejado a más de mil personas sin la protección esperada.
Las vacunas exigen un estándar riguroso: deben almacenarse correctamente, mantenerse en cadenas de frío bien controladas y ser administradas exclusivamente por certificado personal, tal como lo establece nuestro Código Sanitario. Por lo que este incidente plantea dudas legítimas y necesarias de resolver sobre el cumplimiento de esos protocolos.
Restablecer la confianza requiere transparencia, trazabilidad y una revisión profunda de los procesos logísticos y regulatorios. La ciudadanía necesita certezas, especialmente cuando se trata de su salud y sobre todo cuando los discursos antivacunas siguen ganando exponencialmente espacio en el debate público.
Stephan Jarpa Cuadra
Académico Escuela de Química y Farmacia UNAB
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