Chile envejece, pero no necesariamente con derechos. Una de las expresiones más crudas del abandono institucional hacia las personas mayores es la precariedad laboral que enfrentan: quienes aún pueden y quieren seguir trabajando lo hacen, en su mayoría, bajo condiciones informales o sin remuneración alguna. Según datos del INE, las personas mayores de 65 años son el grupo etario con mayor tasa de informalidad laboral en el país, alcanzando un 56,9%. Trabajan sin contrato, sin cotizaciones ni protección social, muchas veces en sectores como el comercio o la agricultura. A esto se suma una edad efectiva de jubilación que supera los 67 años, porque simplemente no alcanza para vivir con la pensión.
En paralelo, existe una barrera estructural silenciosa pero poderosa: el viejismo laboral. Esta forma de discriminación se basa en estereotipos y prejuicios que asumen que las personas mayores son menos productivas, más lentas, tecnológicamente incapaces o “una carga” para las organizaciones. Esos estereotipos no solo limitan su acceso al empleo, sino que justifican despidos, impiden ascensos y naturalizan su exclusión del mundo laboral.
A esto se suma, forma de trabajo aún más invisibilizada: el trabajo no remunerado de cuidados, especialmente realizado por mujeres mayores. En Chile, el 87,6% del cuidado de personas dependientes en hogares con personas mayores recae en una mujer, y en el 98,6% de los casos es una única cuidadora. Muchas de ellas son mujeres mayores, cuidadoras de cónyuges, hermanas, nietos o incluso otras personas mayores. Este trabajo, aunque no paga un salario, equivale al 22% del PIB nacional, superando sectores como la minería o el comercio. Sin embargo, no se reconoce en las estadísticas oficiales ni en las políticas públicas. Además, más del 70% de las cuidadoras reporta problemas de salud mental y 33% reporta daño físico debido a esta labor.
Entre la informalidad que empobrece, la discriminación que margina y el trabajo de cuidados que esclaviza sin nombre ni sueldo, las personas mayores, y particularmente las mujeres, viven una vejez marcada por la injusticia estructural. No es casual: es el resultado de políticas públicas que por décadas han tratado la vejez como un problema individual y no como una responsabilidad social. Este gobierno ha empujado con fuerza una reforma previsional y ha sentado las bases para un Sistema Nacional de Cuidados, reconociendo, por fin, que en Chile cuidar también es trabajar. Pero aún falta voluntad política para que estas transformaciones dejen de ser promesas y se conviertan en derechos garantizados. La diferencia está en el enfoque: donde hay derechos, hay dignidad. Donde hay prejuicios, hay precariedad.
Chile será el país más envejecido del Cono Sur hacia el 2050. No estamos hablando de un escenario lejano: ya estamos llegando tarde. Si de verdad queremos transformar esta realidad, urge reformas con perspectiva gerofeminista, que reconozca y remunere el trabajo que sostiene la vida. No podemos seguir construyendo país sobre el sacrificio silencioso de las personas mayores.
Agnieszka Bozanic Leal
Académica carrera Psicología U. Andrés Bello, sede Viña del Mar
Presidenta Fundación GeroActivismo
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