Con el objetivo de continuar avanzando en entornos laborales más seguros y fortalecer la cultura preventiva en los establecimientos de salud de la provincia, el Servicio de Salud Chiloé y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) firmaron un acuerdo de colaboración que permitirá desarrollar acciones conjuntas en materias de seguridad y salud en el trabajo.
El convenio, según lo dio a conocer, Jefa del Subdepartamento de Calidad de Vida, Salud y Seguridad Laboral del Servicio de Salud Chiloé, Evelyn Gutiérrez, estará vigente entre mayo de 2026 y abril de 2027, y considera el acompañamiento técnico y asesoría especializada de la ACHS para apoyar la implementación de estrategias orientadas a la prevención de riesgos laborales, promoviendo mejoras continuas en los distintos procesos que desarrolla la red asistencial.
La firma del acuerdo fue encabezada por el director (s) del Servicio de Salud Chiloé, Francisco Cámilo Díaz, y el subgerente de Operaciones Regional de la ACHS, Christian Cáceres Seguel, quienes destacaron la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo en beneficio de las y los funcionarios.
El director del Servicio de Salud Chiloé, Francisco Camilio, valoró la firma del convenio, destacando que: “Como institución tenemos el compromiso permanente de resguardar la salud y seguridad de nuestros funcionarios y funcionarias. Este acuerdo nos permitirá seguir fortaleciendo estrategias preventivas y consolidar espacios laborales más seguros para todos quienes forman parte de nuestra red asistencial”.
A través de esta alianza, ambas instituciones reafirman su compromiso con la protección de las personas, impulsando iniciativas que contribuyan a disminuir los riesgos asociados al trabajo, fortalecer los sistemas de gestión preventiva y promover una participación activa de los equipos en materias de seguridad laboral.
El acuerdo además contempla el desarrollo de actividades conjuntas, asesorías técnicas y acompañamiento permanente en diversas áreas vinculadas a la seguridad y salud ocupacional, reafirmando la convicción compartida de ambas instituciones respecto a que la protección de las personas constituye un valor fundamental e irrenunciable.