- El imputado intentó sobornar con $100 mil a un funcionario para evitar una multa por no tener patente comercial.
- El Ministerio Público formalizó al ciudadano chino por el delito consumado de cohecho activo.
- El tribunal rechazó la prisión preventiva y decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional.
El responsable de una sala de juegos habría entregado dinero a un funcionario público tras ser infraccionado por no contar con patente comercial. La Fiscalía pidió prisión preventiva, pero el tribunal decretó arresto domiciliario total.
Una fiscalización a locales comerciales en la comuna de Saavedra terminó con un ciudadano chino formalizado por cohecho, luego de que presuntamente intentara sobornar con $100 mil en efectivo a un funcionario público para influir en su actuación. El hecho ocurrió en una sala de juegos que no contaba con la patente comercial correspondiente.
Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, todo ocurrió cerca de las 11:15 horas del jueves 15 de octubre de 2026, cuando personal policial e inspectores municipales llegaron hasta el establecimiento denominado “Sala de Juegos”, a cargo de Zhenfeng Chen.
Durante el procedimiento, los fiscalizadores solicitaron la patente comercial del recinto. El encargado señaló que no contaba con el permiso, pues se encontraba en trámite, por lo que se le cursó una infracción. Sin embargo, al recibir la boleta de citación, habría entregado $100 mil en efectivo al funcionario público con el propósito de influir en su actuación.
La entrega del dinero se produjo frente a los inspectores municipales que participaban en la patrulla mixta de fiscalización, según la versión expuesta por la Fiscalía.
Fiscalía pidió prisión preventiva, pero tribunal la rechazó
El caso llegó al Juzgado de Garantía de Carahue, donde Chen fue formalizado como imputado por el delito consumado de cohecho activo.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva. Sin embargo, la magistrada Graciela Riubó Hermosilla desestimó la petición y consideró que otras medidas cautelares eran proporcionales y suficientes para asegurar su comparecencia al procedimiento judicial.
De esta manera, el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional, por lo que el imputado deberá permanecer en su domicilio y no podrá salir del país mientras se mantengan vigentes estas restricciones.
Finalmente, el juzgado fijó un plazo de 90 días para desarrollar la investigación y esclarecer las circunstancias del presunto soborno ocurrido durante la fiscalización comercial en Saavedra.
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