- Se detectaron 35 órdenes de compra irregulares por más de 73 millones de pesos con familiares de funcionarios.
- Establecimientos educativos operaban sin permisos municipales ni autorizaciones sanitarias.
- La auditoría reveló graves problemas de infraestructura como goteras, fallas eléctricas y riesgos de seguridad.
El organismo fiscalizador detectó 35 órdenes de compra por más de $73 millones con proveedores vinculados a funcionarios del Servicio Local de Educación Pública. Además, encontró establecimientos sin permisos municipales, cocinas sin autorización sanitaria y problemas de seguridad para los estudiantes.
Un contundente informe de la Contraloría General de la República dejó al descubierto una serie de irregularidades en el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía (SLEPCA), que van desde millonarias contrataciones con proveedores vinculados a sus propios funcionarios hasta graves deficiencias en la infraestructura de establecimientos educacionales de la zona.
El Informe Final N.º 633, emitido el 29 de septiembre de 2026, revela que el servicio efectuó 35 órdenes de compra por un total de $73.205.051, contraviniendo las prohibiciones legales que impiden a organismos públicos contratar con funcionarios de la misma institución, determinados familiares y sociedades relacionadas.
De estas operaciones, cinco órdenes de compra, por $6.261.987, fueron adjudicadas a proveedores con vínculos directos con funcionarios del SLEP. Otras 30, que suman $66.943.064, correspondieron a cinco proveedores que mantenían relaciones de parentesco con trabajadores del organismo.
Frente a estos antecedentes, Contraloría ordenó iniciar procedimientos disciplinarios para establecer eventuales responsabilidades administrativas e implementar controles que impidan nuevas contrataciones con proveedores legalmente inhabilitados.
Escuelas sin permisos y cocinas sin autorización sanitaria
Pero las irregularidades no terminan en el manejo de las contrataciones. La fiscalización también constató que cinco establecimientos educacionales y un recinto adicional de la Escuela El Crucero operaban sin los correspondientes permisos de edificación ni certificados de recepción definitiva municipal.
Esta situación impide acreditar formalmente el cumplimiento de condiciones esenciales de seguridad, entre ellas la estabilidad de las construcciones, instalaciones eléctricas y de gas, vías de evacuación, accesibilidad y protección contra incendios.
El informe también detectó que siete establecimientos mantenían servicios de preparación y entrega de alimentos sin contar con autorización sanitaria, incumpliendo las exigencias establecidas para el funcionamiento de este tipo de instalaciones.
Contraloría exigió al SLEP Costa Araucanía presentar planes de regularización con responsables, actividades y plazos concretos para resolver estas situaciones.
Goteras, problemas eléctricos y riesgos para los estudiantes
La auditoría expuso además un preocupante panorama en materia de infraestructura escolar. Entre las deficiencias identificadas aparecen goteras, filtraciones, baños deteriorados, instalaciones eléctricas con problemas, cierres perimetrales dañados y dificultades de accesibilidad para estudiantes con discapacidad.
También se observaron situaciones como la falta de separación entre el tránsito de alumnos y vehículos, daños en escaleras, iluminación insuficiente en salas de clases y ausencia de mantenciones preventivas en el ascensor de la Escuela Especial Arcoíris de Carahue.
Para el organismo fiscalizador, estas condiciones no permiten asegurar plenamente que los recintos mantengan una infraestructura adecuada para proteger la seguridad y el bienestar de estudiantes, profesores y asistentes de la educación.
Contraloría exige medidas y responsabilidades
El informe cuestiona la gestión de conservación y mantenimiento de los establecimientos, además de las deficiencias en los mecanismos de supervisión y control de las contrataciones públicas.
En materia de compras, el servicio deberá establecer un procedimiento permanente para verificar las inhabilidades de los proveedores y detectar posibles vínculos con sus funcionarios. Asimismo, tendrá que acreditar las medidas correctivas exigidas por Contraloría dentro de los plazos establecidos.
Los hallazgos abren un nuevo frente de fiscalización sobre la administración de la educación pública en Costa Araucanía, donde el organismo contralor no solo detectó contrataciones contrarias a la normativa, sino también problemas que afectan directamente las condiciones en que niños, niñas y jóvenes desarrollan sus actividades escolares.
Ahora, el SLEP deberá responder a las observaciones, avanzar en la regularización de los establecimientos y determinar las eventuales responsabilidades administrativas por las irregularidades detectadas.
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