- El 99% de los reclusos recuperará su libertad, haciendo necesaria una reinserción efectiva para prevenir nuevos delitos.
- El acceso a empleo formal reduce la probabilidad de reincidencia en un 68,5% tras dos meses de trabajo estable.
- La colaboración entre el Estado y el sector privado es indispensable para optimizar cupos en centros de educación y trabajo.
Durante el mes de julio, en el marco de la conmemoración del Día de la Reinserción Social, celebrada el 18 de julio, se nos invitó a reflexionar sobre uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país: cómo construir una sociedad más segura, pero también más justa. La respuesta pasa, necesariamente, por comprender que la reinserción social no es un beneficio para unos pocos, sino una política pública que fortalece la seguridad de todas y todos.
Existe un dato que no podemos ignorar: el 99% de las personas que hoy se encuentran privadas de libertad en Chile recuperará su libertad y regresará a sus barrios, familias y comunidades. Solo entre 2026 y 2030 serán más de 30 mil personas las que culminarán sus condenas. La verdadera pregunta no es si volverán, porque eso ocurrirá, sino en qué condiciones lo harán.
Si regresan sin oportunidades, sin redes de apoyo y con las mismas condiciones que favorecieron la comisión de delitos, el riesgo de reincidencia aumenta considerablemente. En cambio, cuando existen herramientas para reconstruir un proyecto de vida, las posibilidades de una reinserción exitosa crecen y, con ello, también aumenta la seguridad de nuestras comunidades.
Hoy el sistema penitenciario chileno enfrenta importantes desafíos. La ocupación alcanza cerca del 151% de su capacidad, con niveles de hacinamiento críticos en distintas regiones. A ello se suma que el 89% de la población penal proviene de los sectores más vulnerables del país y que todas las personas que egresan del sistema lo hacen con antecedentes penales, una de las principales barreras para acceder a un empleo formal.
Sin embargo, la evidencia también entrega una señal esperanzadora. El trabajo es uno de los factores más efectivos para reducir la reincidencia. Las personas que logran mantener un empleo durante al menos dos meses disminuyen su probabilidad de reincidir en un 68,5%. Asimismo, quienes participan en los Centros de Educación y Trabajo (CET) presentan una tasa de reincidencia cercana al 20% después de dos años, muy por debajo del 50% registrado entre quienes egresan sin este tipo de apoyo. Pese a ello, actualmente existen más de 300 cupos disponibles en estos centros que aún no son utilizados.
Estos datos nos demuestran que la reinserción sí funciona cuando existe compromiso y coordinación. Por ello, reafirmamos una convicción que no puede seguir esperando: la reinserción social es parte esencial de la seguridad pública. Cuando el Estado, las empresas, la sociedad civil y las comunidades trabajan de manera articulada para generar empleo, capacitación, acompañamiento y oportunidades reales, no solo cambiamos la vida de una persona, sino que también prevenimos nuevos delitos y fortalecemos la convivencia.
En este desafío, el sector privado tiene un rol insustituible. Su participación no reemplaza la responsabilidad del Estado, sino que la complementa con capacidad de innovación, gestión y generación de empleo. Cada empresa que abre una oportunidad laboral contribuye directamente a reducir la reincidencia y a construir comunidades más seguras.
La reinserción social no puede depender únicamente de la voluntad de un gobierno o de una institución. Debe consolidarse como una verdadera política de Estado, capaz de sostenerse en el tiempo y convocar el compromiso permanente de toda la sociedad. Solo así podremos avanzar hacia un Chile donde la seguridad no se construya únicamente desde el control y la sanción, sino también desde las oportunidades, la responsabilidad y la inclusión.
De esta forma, el Gobierno del presidente José Antonio Kast hizo un llamado a renovar ese compromiso. Porque construir oportunidades también es construir seguridad. Reducir la reincidencia es una tarea compartida que involucra al Estado, al mundo privado y a la comunidad. Solo trabajando juntos podremos ofrecer caminos reales de cambio y contribuir a un país más seguro, más justo y con mayores oportunidades para todas y todos.
Stephanie Caminondo Eyssautier
Seremi de Justicia y Derechos Humanos
Región de La Araucanía
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