La iniciativa, ingresada junto al diputado Carlos Cuadrado Prats (PPD), busca que las personas puedan poner término a sus contratos de servicios por la misma vía rápida en que los celebraron.
El diputado por la Región de La Araucanía, José Montalva (PPD), junto a un grupo de parlamentarios encabezados por Carlos Cuadrado Prats (PPD), presentó una moción parlamentaria que modifica la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. El objetivo principal es reconocer el derecho de las personas a poner término a sus contratos por la misma vía utilizada para contratarlos. “Es decir, si un contrato fue celebrado por teléfono, internet, una aplicación u otro mecanismo remoto, deberá poder terminarse de forma inmediata por ese mismo canal o mediante otro de igual o menor complejidad”, explicó Montalva.
La iniciativa busca enfrentar una práctica abusiva y extendida en el mercado chileno: empresas que permiten contratar un servicio en pocos minutos, pero que convierten su término en una carrera de obstáculos mediante largas esperas, derivaciones sucesivas, formularios ocultos, exigencias presenciales y cobros que continúan vigentes de forma injustificada.
Al respecto, el diputado José Montalva fue enfático en señalar el impacto cotidiano de este problema: “¿Se han dado cuenta de lo que pasa cuando uno quiere terminar con un servicio de televisión por cable o internet? La empresa te dice que sí, pero te exige llevar el módem y todos los implementos a una sucursal presencial, y mientras haces ese trámite, te siguen cobrando meses adicionales. Lo que viene a hacer este proyecto de ley es modificar la normativa de protección al consumidor para que no existan más estos contratos amarrados. Desde el día en que la persona manifiesta su voluntad, el contrato queda terminado”.
Por su parte, el diputado impulsor de la moción, Carlos Cuadrado Prats, explicó que “el objetivo de este proyecto de ley es nivelar la cancha, que la misma libertad que tienen las empresas para generar contratos también la tengan los ciudadanos para desafiliarse de ese contrato. Habitualmente sucede que uno contrata por teléfono o internet de forma fácil, y para salirse exigen firmas presenciales o certificados, dificultando el término del vínculo”. Cuadrado agregó que las empresas han modernizado la forma de captar clientes, pero se quedaron en el pasado a la hora de dar las bajas.
Detalles del proyecto de ley
La propuesta legal establece obligaciones estrictas para los proveedores del mercado:
-Baja en un día hábil: El proveedor deberá registrar inmediatamente la solicitud, entregar una constancia verificable y ejecutar la baja dentro de un día hábil.
-Cese de cobros inmediatos: Se prohíbe de forma absoluta seguir emitiendo cobros futuros desde el momento en que el consumidor manifieste válidamente su voluntad de rescindir el contrato.
-Prohibición de trabas comerciales: Las empresas no podrán obligar a los clientes a justificar su decisión, concurrir presencialmente, participar en llamadas obligatorias de retención, aceptar nuevas ofertas o reconocer deudas como condición para cortar el servicio.
Finalmente, la moción contempla multas de hasta 150 unidades tributarias mensuales (UTM) para las empresas que dificulten, condicionen o retarden el término de los contratos, obligándolas además a restituir de forma reajustada y con intereses cualquier cobro indebido emitido de manera posterior a la solicitud del usuario.
Junto a Montalva y Cuadrado, firmaron el proyecto los diputados Pamela Jiles (PDG), Andrea Parra (PPD), Carlos Carvajal (PPD), Carlos Bianchi (Ind), Patricio Pinilla (DC), Raúl Soto (PPD) y Héctor Ulloa (Ind-PPD).
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