Comunidades y organizaciones mapuche acusan falta de pertinencia cultural en la privación de libertad del lonko Guillermo Ñirripil Cheuquepan y advierten afectaciones a sus derechos espirituales y culturales al interior del recinto penitenciario.
La situación del lonko Guillermo Ñirripil Cheuquepan ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, comunidades mapuche y defensores indígenas, quienes denuncian que su permanencia en la cárcel de Temuco se desarrolla sin pertinencia cultural y en condiciones que afectarían gravemente su identidad espiritual y cultural.
El lonko cumple actualmente una condena dictada de manera unánime por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco el 30 de enero de 2024. La justicia acreditó que, junto a otro comunero, participó en la exigencia ilegal de un vale vista por $18 millones de pesos a la propietaria de un predio forestal en la comuna de Lautaro, bajo amenazas de ataques incendiarios contra sus bosques si no se efectuaba el pago.
Pese a ello, organizaciones mapuche sostienen que la privación de libertad no solo implica la restricción de su libertad ambulatoria, sino también una serie de limitaciones para ejercer prácticas espirituales propias del pueblo mapuche, como ceremonias y rogativas vinculadas a su lof o territorio ancestral.
Entre las situaciones denunciadas se encuentra la negativa para realizar ceremonias tradicionales, así como la falta de espacios adecuados dentro de los recintos penitenciarios para recibir a autoridades espirituales mapuche, como machis y otros lonkos. Las organizaciones sostienen que esta situación contraviene estándares internacionales que obligan al Estado a garantizar un trato diferenciado y culturalmente pertinente para personas indígenas privadas de libertad.
El caso ha sido vinculado al fallo “Norín Catrimán y otros vs. Chile”, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2014, conocido también como el “Caso Lonkos”. En esa sentencia, el tribunal internacional concluyó que el Estado chileno incurrió en discriminación y vulneración del debido proceso contra autoridades mapuche.
A más de diez años de esa condena, las organizaciones denuncian que continúan existiendo prácticas que reproducen patrones de discriminación dentro de las cárceles. Entre ellas, apuntan a la inexistencia de protocolos vinculantes que garanticen el respeto a las cosmovisiones indígenas al interior de los centros penitenciarios.
Uno de los aspectos cuestionados es la habilitación exclusiva de capillas asociadas a cultos no indígenas para actividades religiosas dentro de la cárcel. Desde las comunidades sostienen que, para una autoridad tradicional mapuche, permanecer en espacios ajenos a su espiritualidad y sin acceso a elementos naturales esenciales —como tierra, agua y espacios abiertos— provoca un sufrimiento adicional al inherente a la pena privativa de libertad.
En esa línea, recuerdan que la Opinión Consultiva OC-29/22 de la Corte IDH establece que los Estados deben respetar efectivamente la identidad cultural de las personas indígenas privadas de libertad, incluyendo el derecho a mantener vínculos con su territorio y desarrollar sus ceremonias en condiciones dignas.
Las críticas también apuntan a la negativa de permitir que el lonko participe en ceremonias culturales en su territorio, como el llellipun, y a las dificultades para que machis puedan desarrollar labores de acompañamiento espiritual y sanación dentro del recinto penitenciario.
Comunidades de Lautaro, Perquenco y Curacautín han manifestado que el encarcelamiento de autoridades tradicionales sin pertinencia cultural afecta no solo a la persona privada de libertad, sino también al conjunto de las comunidades mapuche, debilitando la transmisión de conocimientos ancestrales y el tejido comunitario.
Frente a este escenario, distintas organizaciones solicitaron al Estado de Chile y a organismos de derechos humanos la adopción de medidas urgentes para garantizar los derechos culturales y espirituales del lonko Guillermo Ñirripil. Entre las peticiones planteadas se encuentra su traslado a un recinto penitenciario con condiciones adecuadas para el ejercicio de su espiritualidad o, alternativamente, la habilitación de espacios y medidas que permitan desarrollar prácticas culturales mapuche dentro del sistema penitenciario.
Las agrupaciones sostienen que, mientras no existan medidas concretas, el Estado chileno podría continuar incumpliendo disposiciones contenidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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