
Desde el Ministerio Público advierten casos presenciales, por redes sociales y también mediante rayados, como el reciente hecho en Villarrica que terminó con la detención de un adolescente de 15 años.
La Fiscalía encendió las alertas en La Araucanía tras detectar un aumento sostenido de amenazas en establecimientos educacionales, detallando que en las últimas semanas han identificado tres modalidades principales en este tipo de denuncias.
Según el último reporte del Ministerio Público, se trata de amenazas presenciales, a través de redes sociales y, más recientemente, mediante rayados en baños de colegios. “En las últimas semanas hemos recibido denuncias por amenazas de tres tipos: presenciales —donde hay varios estudiantes formalizados por amenazas y porte de armas blancas o de fuego—; a través de redes sociales —la semana pasada, por ejemplo, fue formalizada una estudiante en Villarrica por amenazas en un chat de ‘confesiones’—; y más recientemente, mediante rayados en baños, como el caso de un escolar detenido el lunes en Villarrica”, señalaron.
Este último mecanismo ha generado especial preocupación entre las autoridades, ya que solo durante el lunes la Fiscalía de Primeras Diligencias recibió 14 denuncias similares en distintos colegios de la región, todas vinculadas a mensajes amenazantes escritos en servicios higiénicos.
Uno de los casos que ejemplifica esta situación ocurrió en Villarrica, donde un estudiante de 15 años fue detenido tras escribir en el baño de su colegio una advertencia de tiroteo programado para el martes a las 9:45 horas. La rápida revisión de cámaras permitió identificar a los alumnos que estuvieron en el lugar, y uno de ellos terminó reconociendo su autoría.
El estudiante fue detenido por personal policial, quedando en calidad de imputado por el delito de amenazas. Además, como medida disciplinaria, el menor fue expulsado del establecimiento.
Desde la Fiscalía insistieron en que este tipo de hechos no debe ser tomado a la ligera. Subrayaron que las amenazas, incluso cuando son difundidas como supuestas “bromas”, constituyen delitos y pueden derivar en consecuencias penales, reforzando el llamado a denunciar y prevenir este tipo de situaciones en comunidades escolares.
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