Cifras que escalan, acusaciones que golpean primero en la prensa y un relato que apunta a redes políticas completas. El gobernador René Saffirio no solo denuncia: instala un clima donde todos quedan bajo sospecha, incluso antes de que existan conclusiones.
En La Araucanía, el caso por más de $8.000 millones dejó de ser solo una investigación en curso. Hoy es también un fenómeno político marcado por la forma en que el gobernador René Saffirio ha decidido enfrentarlo: con declaraciones de alto impacto, presión pública sobre la Fiscalía y una narrativa que avanza más rápido que los propios procesos judiciales. No es solo el fondo lo que genera ruido, sino la forma.
El punto más crítico fue directo al corazón del sistema. “Tenemos un Ministerio Público que no investiga”, afirmó en Radio Cooperativa, sugiriendo incluso un conflicto de interés del fiscal regional Roberto Garrido por su vínculo con la Universidad Autónoma como docente. La frase no solo elevó el tono: instaló una duda estructural sobre la imparcialidad de la investigación.
Desde la Fiscalía, la respuesta fue categórica. Garrido recordó, según consignó el Diario Austral, que la institución no persigue enemigos políticos y que su trabajo es técnico, no político, advirtiendo que muchas críticas nacen de la ignorancia sobre los procedimientos y avances reales.
Pero en términos comunicacionales, el efecto ya estaba logrado: la sospecha quedó instalada.
A partir de ahí, el caso comenzó a moverse en dos dimensiones paralelas. Por un lado, la investigación formal con tiempos propios, donde ya ha habido avances consistentes. Y por otro, una construcción pública donde se revela información a los medios, las conclusiones se anticipan, se amplifican y generan un impacto inmediato en la percepción ciudadana.
El gobernador, volviendo a los $8.000 millones denunciados, sostiene su relato en cifras contundentes. De 327 empresas beneficiadas por el programa de reactivación económica de la Corporación de Desarrollo de La Araucanía, solo 23 habrían rendido correctamente, es decir, solo un 7% del total de los recursos terminó su proceso correctamente. El número impacta, pero también deja preguntas abiertas sobre el detalle real de cada caso.
Porque detrás de ese dato hay cientos de proyectos ejecutados, inversiones realizadas y beneficiarios que hoy observan cómo se instala públicamente la idea de irregularidades generalizadas. Muchos de ellos aseguran que nunca recibieron observaciones formales ni instancias para corregir errores, mientras muchos otros esperan ansiosos que se les entregue un listado para reconocerse dentro de ese 7%. Todo esto tensiona aún más el relato oficial.
En ese escenario, el caso del empresario y político Alejandro Martini se vuelve clave por el conjunto de relaciones que lo rodean. Su empresa —Sociedad de Inversiones Martini— no solo figura con rendiciones rechazadas, sino que se inserta en un grupo mayor de empresas relacionadas asociadas a su cónyuge y otros familiares como Inversiones El Refugio, Comercial MK Chile e Inversiones MAK, que en conjunto recibieron cerca de $199 millones con rendiciones completamente rechazadas, como consignó Biobío.
Pero el punto no es solo el monto. Es la estructura. Estas empresas operan en un entorno donde existen vínculos comerciales entre sí, facturación cruzada —como con Comercial Santa Pilar— y relaciones personales que complejizan la trazabilidad de los recursos. A eso se suma que Martini asegura haber ejecutado los proyectos y no haber sido informado de observaciones, enterándose por la prensa.
También se cita al exdiputado Diego Paulsen, actual embajador del gobierno entrante, que aparece junto a empresas familiares que recibieron recursos y presentan rendiciones observadas o rechazadas. Santa Clara SPA, Inversiones RGA, Comercial Decorene, Fruterra Gastronomía e Inversiones 530 son parte de ese grupo.
En estas empresas figuran nombres como María Valentina García Aguilera, Rodrigo García Aguilera, Margarita Aguilera Galaz y Ricardo García Migueles. También se suma Tomás Echavarri Fernández, vinculado a Inversiones G7, quien comparte relaciones comerciales con el mismo entorno. Las observaciones incluyen falta de respaldos, inconsistencias en facturas y dudas en la ejecución de algunos proyectos, aunque aún sin conclusiones judiciales definitivas.
Así, en varios casos, los recursos se utilizaron en operaciones entre empresas del mismo grupo familiar, lo que genera observaciones por posibles conflictos de interés o falta de independencia en las transacciones.
Muchos de estos actores sostienen que ejecutaron sus proyectos y que nunca fueron informados oportunamente de las observaciones. Es decir, que no hubo un proceso claro de seguimiento ni instancias reales de corrección.
Ese punto es clave porque cambia el eje del problema. Ya no es solo si hubo irregularidades, sino si el sistema fue capaz de detectarlas, comunicarlas y corregirlas a tiempo.
Ahí es donde el caso deja de ser individual y pasa a ser sistémico. Porque no se trata de una sola empresa, sino de un patrón —señala Saffirio— donde aparecen redes, relaciones y dinámicas repetidas. Y en ese entramado surge un nombre que se repite constantemente: Juan Pablo Leonelli Lepín.
Leonelli, redes internas y el patrón que se repite
Leonelli no es el rostro mediático del caso, pero sí uno de los más relevantes en su estructura. Exjefe de gabinete del Gobierno Regional durante la administración de Luciano Rivas, aparece vinculado tanto a la operación del programa como a relaciones personales con beneficiarios.
Asimismo, es hoy parte de dos procesos más avanzados por parte de Fiscalía, como lo son los casos Folab y Educ; y Fundación Local. Por estos hechos, Leonelli y otros ex funcionarios del Gore, el exdiputado Mauricio Ojeda y personas clave de las instituciones receptoras de recursos del Estado, se encuentran a la espera de la sentencia condenatoria.
Su rol es particularmente sensible también en este caso porque, mientras formaba parte de la estructura del programa, firmó rendiciones de empresas en calidad de responsable dentro de la misma Corporación, incluyendo algunas vinculadas a su entorno cercano, como el propio Martini, con quien mantiene una relación de amistad reconocida y estrecha hasta hoy. No es un detalle menor: es un elemento que instala dudas sobre los controles internos.
Además, su vínculo societario previo con actores políticos y empresariales refuerza la percepción de redes que se extienden más allá de un caso puntual. Leonelli no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una dinámica que cruza lo político, lo administrativo y lo privado.
Saffirio y la construcción del relato político
El programa investigado se originó durante la administración del exgobernador Luciano Rivas, en un contexto marcado por la crisis económica post pandemia. Su objetivo era reactivar la economía regional, cofinanciando y canalizando recursos hacia micro, pequeñas y medianas empresas de la región.
Hoy ese mismo programa es presentado por Saffirio como parte de un “diseño” para transferir recursos a actores vinculados a la política. El mapa se amplía, pero también se vuelve más difuso, porque mezcla antecedentes administrativos, relaciones personales y sospechas políticas.
Saffirio da cuenta también del desorden interno del Gobierno Regional. Al asumir, señaló que encontró información extraviada, carpetas fuera de custodia y fallas graves en los sistemas de control. Sin embargo, también surge una interrogante inevitable: si el propio gobernador entregó hace más de un año toda la información de la Corporación a la PDI, ¿quiénes serían entonces los responsables del supuesto extravío de antecedentes? ¿Y por qué recién hoy, tras un año, se activan los controles internos y se anuncian sumarios?
Ese reconocimiento es clave, porque también involucra a la institucionalidad que debía fiscalizar el uso de los recursos y apunta nuevamente a quienes ya han sido vinculados a situaciones judiciales del caso Convenios, como el mismo Leonelli y otros funcionarios de la administración anterior.
El caso Kutralkura
Uno de los anuncios hechos por el gobernador Saffirio una vez asumió como autoridad fue el de eliminar la Corporación de Desarrollo Productivo de La Araucanía, planteó entonces que entidades paralelas al Gore no deberían seguir administrando recursos públicos.
No obstante, hoy la Corporación se mantiene con un equipo de cinco personas a cargo: su gerente general Juan Cifuentes Martínez, quien asumió en mayo de 2025, además de un administrativo de apoyo, asesor jurídico, una profesional de administración y finanzas, además de una periodista.
Pese a la definición inicial del gobernador de cerrar esta Corporación, recientemente, un hecho complejizó el escenario: el traspaso de recursos a través de esta hacia iniciativas del programa Geoparque Kutralkura.
Pese a que, según el propio relato de Saffirio, existirían miles de millones en gastos rechazados, el propio Gobierno Regional transfirió recursos a la corporación —entidad presidida por el mismo gobernador—. Este punto no es menor, ya que la normativa establece que la transferencia de recursos públicos está supeditada a la previa rendición y aprobación de fondos anteriores, tal como ha sostenido reiteradamente la Contraloría General de la República.
En consecuencia, la existencia de rendiciones pendientes o gastos rechazados impediría jurídicamente nuevas asignaciones, por afectar principios básicos como la probidad, juridicidad y control del gasto público.
El estilo que instala dudas antes que certezas
El llamado “estilo Saffirio” se ha caracterizado por instalar denuncias de alto impacto, cifras que escalan y anuncios que muchas veces no dialogan con los tiempos administrativos o judiciales.
Pasó, por ejemplo, con el Mercado Municipal de Temuco. En medio de un conflicto que escaló rápidamente a nivel mediático. La situación se dio tras una tensa controversia pública en la que Saffirio, en conferencia de prensa, acusó al alcalde Roberto Neira de eventuales actos “ilegales” y de no recibir información solicitada horas antes, afirmando que mantenía su compromiso de financiar el esperado proyecto del mercado, pero que evitaría hacerlo a través del municipio acusando falta de competencia.
Frente a estas declaraciones, Neira salió a responder, pidió cautela en el uso de las palabras y defendió la gestión municipal ante la prensa. Posteriormente, y tras gestiones que incluyeron la intermediación del recién asumido senador por La Araucanía, Rodolfo Carter, el alcalde logró concretar una reunión con la ministra de Desarrollo Social.
En un plazo de apenas dos semanas, esa instancia permitió obtener avances concretos en el proyecto, los mismos dados a conocer por el alcalde Neira y que terminaron presionando al gobernador a insistir públicamente en la necesidad de “apurar el tranco”, en un escenario donde los procesos ya se encontraban en desarrollo.
También el retiro momentáneo del PDA del Lago Villarrica generó una reacción mediática, con anuncios de financiamiento que dependen del Consejo Regional, generando molestia entre consejeros por estas salidas en la prensa que no consideran los pasos que se deben dar para que el órgano colegiado pueda discutir estos apoyos.
Otro caso de alto impacto asociado del Gore Araucanía fue el cuestionamiento por $80.000 millones (50% del presupuesto regional, aproximadamente) que gestión anterior, uno de los golpes de 2025 y que tuvo una amplia resonancia a nivel nacional. Esto llevó a Saffirio a acusar la existencia de “crimen organizado” que involucraba al Gore por rendiciones de proyectos y programas de municipalidades, universidades y fundaciones en la Araucanía.
Pese al impacto de sus dichos, nadie pareció acusar recibo abiertamente, porque ante el “estilo Saffirio” existe una sensación generalizada de que contrariarlo podría ser perjudicial.
En resumen, la crítica que se repite en distintos espacios políticos es clara: la tendencia del gobernador a lanzar acusaciones de carácter penal de manera amplia, sin que necesariamente estén respaldadas por datos concretos en el relato o en procesos judiciales concluidos, para luego matizar o reinterpretar sus propias declaraciones cuando estas son cuestionadas. Una dinámica que incluso ha generado incomodidad dentro de su propio Consejo Regional.
El efecto es claro: impacto inmediato, pero también confusión.
Pero más allá de las diligencias, lo que predomina es la incertidumbre. Porque el caso ya no se juega solo en tribunales, sino también en la percepción pública que se construyó desde el inicio.
Y hay dudas que no se resuelven con declaraciones ni titulares, sino con pruebas y datos que permitan avanzar en la búsqueda de la justicia. Pero son afirmaciones que, una vez instaladas, se vuelven realidades difíciles de revertir. Y en eso, precisamente, radica la fuerza —y el riesgo— del llamado “estilo Saffirio”.
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