Vocería de Presos Mapuches acusó castigos y uso excesivo de fuerza por parte de Gendarmería contra comuneros en prisión preventiva. Los imputados, vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco, enfrentan cargos por incendio, secuestro, homicidio frustrado y otros delitos relacionados con un ataque armado ocurrido en Purén en 2021.
Una denuncia por presunto hostigamiento y uso excesivo de la fuerza en contra de comuneros mapuches pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que actualmente se encuentran en prisión preventiva, fue dada a conocer por la Vocería de Presos Mapuches (PPM), quienes acusaron represalias por parte de Gendarmería en los centros penitenciarios de Temuco y Angol tras las manifestaciones realizadas luego de la audiencia de preparación de juicio oral del pasado martes 10 de marzo.
Según el comunicado difundido por la vocería, las sanciones se habrían originado luego de que los comuneros manifestaran su rechazo a participar en audiencias remotas o virtuales, exigiendo comparecer de manera presencial ante los tribunales. En ese contexto, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, los presos mapuches de Temulemu Chico y Pelentaro Llaitul Pezoa, hijo menor de Héctor Llaitul, habrían sido sancionados con la prohibición de recibir encomiendas por un período de siete días, medida que —según denuncian— sería una represalia directa por la negativa a participar en las audiencias telemáticas.
La vocería sostuvo además que la situación más grave se habría registrado en la cárcel de Angol, donde se encuentra recluido el werken Rafael Pichún Collonao. De acuerdo con el reporte, el comunero habría sido reducido por un contingente de siete funcionarios de Gendarmería, número que posteriormente se habría ampliado a cerca de veinte efectivos, con el objetivo de obligarlo a comparecer en una audiencia virtual a la cual se oponía.
Tras el incidente, según el comunicado, se le habría aplicado una sanción que le impide recibir visitas desde el sábado 14 de marzo. La vocería afirma que esta medida se habría ejecutado sin notificación previa ni al tribunal correspondiente ni al propio interno. El documento señala que ese mismo día se habría impedido el ingreso de una visita y que posteriormente funcionarios penitenciarios habrían acudido hasta el comunero para solicitarle la firma de un documento que —según denuncian— indicaba que él no había comparecido a la audiencia. Pichún Collonao habría rechazado firmarlo al considerar que el contenido no reflejaba lo ocurrido y además se habría negado a estampar su firma debido a que no se le entregó copia del documento.
La Vocería de Presos Mapuches sostuvo que los hechos constituyen un acto de hostigamiento y una vulneración de derechos fundamentales, señalando que, si bien los comuneros se encuentran en prisión preventiva, no han perdido el derecho a exigir un debido proceso ni el respeto de sus derechos humanos.
Antecedentes de los imputados
Tanto Pelentaro Llaitul Pezoa como Rafael Pichún Collonao se encuentran privados de libertad mientras enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en ataques armados ocurridos en mayo de 2021 en la comuna de Purén. Ambos están vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco, organización que ha reivindicado diversas acciones de sabotaje contra predios forestales en el sur del país.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los imputados habrían participado en un grupo armado que el 10 de mayo de 2021 ingresó a un fundo en Purén, donde se habrían registrado una serie de hechos violentos. Según la Fiscalía, durante ese ataque se bloquearon accesos, se incendiaron camiones y maquinaria forestal y se intimidó a trabajadores con armas de fuego. Cuando personal de Carabineros acudió al lugar, el grupo armado habría efectuado disparos contra los vehículos policiales.
La investigación también establece que dos personas habrían sido retenidas y obligadas a desplazarse bajo amenazas durante el ataque. Por estos hechos, el Ministerio Público investiga delitos como incendio, secuestro, atentado reiterado contra la autoridad, homicidio frustrado contra Carabineros, usurpación de predio y porte ilegal de armas de fuego.
En el caso de Pelentaro Llaitul Pezoa, además, enfrenta otras investigaciones relacionadas con atentados incendiarios en predios forestales de La Araucanía, causas en las que la Fiscalía ha solicitado penas que podrían alcanzar varias décadas de prisión.
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