El organismo fiscalizador detectó pagos que superaron las remuneraciones del grado más alto de la planta municipal y ordenó acreditar las devoluciones de los incrementos irregulares dentro de un plazo de 60 días hábiles.
Un duro informe de la Contraloría Regional de La Araucanía encendió las alarmas en la Municipalidad de Pucón tras detectar pagos que superaron ampliamente las remuneraciones del propio personal de planta, situación que ahora obliga a exigir la restitución de millonarios montos.
De acuerdo con el informe N°731 de 2025, el organismo fiscalizador estableció que al menos tres asesores contratados a honorarios recibieron ingresos por encima de las remuneraciones correspondientes al grado más alto del estamento municipal, incluso superando a funcionarios que realizan funciones similares.
El caso más evidente corresponde a un asesor que entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 recibió $53.170.813, mientras que un funcionario profesional grado 8° del municipio habría percibido en el mismo período $28.730.925. La diferencia supera los $24 millones, cifra que Contraloría considera parte de los pagos que deben ser revisados y restituidos.
El informe además detectó que el municipio aprobó incrementos excepcionales en los honorarios de dos asesores en marzo y mayo de 2025, sin contar con antecedentes que justificaran dichos aumentos ni con las autorizaciones formales que respaldaran las alzas.
Por esta razón, Contraloría ordenó a la Municipalidad de Pucón acreditar documentalmente las devoluciones que deberán efectuar los prestadores que recibieron incrementos irregulares, estableciendo un plazo de 60 días hábiles para que el municipio informe los ingresos derivados de esas restituciones.
Asimismo, el organismo instruyó que estos antecedentes se incorporen al sumario administrativo iniciado en 2025, debiendo reportarse los avances en un plazo de 15 días hábiles.
La auditoría también dejó al descubierto observaciones en materia de contratación. Entre noviembre de 2024 y el primer semestre de 2025, el municipio contrató 104 personas bajo el Código del Trabajo, detectándose irregularidades en varios casos.
En 16 contratos la vigencia se extendió más allá de marzo de 2025 sin fundamentos que justificaran dichas prórrogas, mientras que 26 contrataciones correspondieron a funciones propias y permanentes del municipio, lo que resulta improcedente para ese tipo de régimen laboral.
Los antecedentes levantados por Contraloría abren un nuevo cuestionamiento sobre la administración de recursos públicos en el municipio lacustre, mientras se espera el resultado del sumario administrativo y la eventual restitución de los montos observados por el organismo fiscalizador.
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