Mientras el Gobierno Regional de La Araucanía defiende una “modernización organizacional”, funcionarios acusan un clima de inestabilidad, persecución y desvinculaciones sin criterios claros.
Lo anterior se suma a los recientes cuestionamientos de los Consejeros Regionales sobre el actuar de la máxima autoridad regional, el gobernador René Saffirio.
A pocos días de iniciarse el proceso de notificación de vencimiento de contratos en el Gobierno Regional de La Araucanía, la tensión interna escaló a niveles inéditos. Según denunció Mario Fuentes Estay —profesional de la División de Planificación y Desarrollo Regional, dirigente de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional y dirigente nacional de la Federación de Trabajadores del Estado—, el proceso estaría marcado por falta de fundamentos, criterios no transparentes y un deterioro profundo del clima laboral.
Mientras la administración del gobernador René Saffirio asegura que todo responde a una “nueva estructura organizacional” y a mejoras en control, gestión y legalidad, las declaraciones del dirigente gremial apuntan a un escenario completamente distinto.
“Es gente que cumple una función necesaria, y van a quedar sin trabajo”
Según Fuentes, el proceso de desvinculación comenzó con fuerza este viernes. “Hasta el minuto tenemos confirmado ya al menos diez personas que fueron notificadas el día de hoy (ayer)”, señaló. “La mayoría de ellas notificadas que no continúan, que no se les van a renovar sus contratos, producto de que no les asiste una confianza legítima, sin mayor explicación que esa”.
Un punto que genera especial inquietud entre los funcionarios es la justificación entregada por la autoridad para no renovar los contratos: el presunto incumplimiento del “perfil de cargo”. Una explicación que, según el dirigente, no tiene sustento administrativo. “A ellos se les justifica que no continúan porque el perfil de cargo no lo cumplen, pero el Gobierno Regional no tiene perfiles de cargo declarado, entonces no sabemos cómo llegaron a esa conclusión”.
El dirigente añade que se trata de trabajadores con trayectoria sólida, conocimientos técnicos y evaluaciones sobresalientes. “En algunos casos son personas que llevan más de diez años en el servicio, que han hecho la misma función por diez años, que tienen una vasta experiencia en la función que realizan, y que han sido calificados en, no sé, tres intendentes han pasado, un gobernador anterior, todos los han calificado en lista uno de distinción”.
Desvinculaciones que podrían llegar a 30 o incluso 50 funcionarios
Fuentes advierte que los diez funcionarios notificados serían solo el inicio. “Hasta el minuto formalmente notificados van diez. abemos que hay unos diez más que están en proceso a través de carta certificada… el rumor siempre de pasillo ha señalado que son entre treinta y cincuenta personas”.
Para una planta funcionaria de entre 160 y 170 trabajadores, estas cifras representan un impacto profundo, difícil de atribuir únicamente a “ajustes de competencias”, como lo plantea el Gobierno Regional.
“Lo dejaron de hacer porque hay una persecución hacia la gestión anterior”
El dirigente gremial sostiene que muchas funciones institucionales se paralizaron durante este 2025 no por falta de capacidad técnica, sino por decisiones políticas y falta de conducción interna. “Hay muchas cosas que el Gobierno Regional hace que este año no se están haciendo, y no se están haciendo no porque los funcionarios no quieran, (sino) porque la autoridad y su equipo directivo no ha tomado las decisiones para hacerlo (…) “Lo dejaron de hacer porque hay una persecución hacia lo que fue la gestión del gobernador anterior”.
Fuentes afirma haber votado por el actual gobernador, con la expectativa de “ordenamiento”, pero la realidad —según su testimonio— habría sido distinta. “Muchos de nosotros, y me incluyo en eso, le creímos. Votamos por él porque queríamos un ordenamiento, pero este ordenamiento no ha existido. Lo que han hecho es perseguir a la gente durante todo este año”.
También menciona que varias causas han sido judicializadas, que existen denuncias activas por Ley Karin, y que se ha generado un ambiente que describe como maltrato.
“No he visto algo así en quince años en el Gobierno Regional”
El dirigente afirma que el proceso actual no responde a lógicas políticas tradicionales —como los cambios de equipos de confianza de cada administración— sino a un patrón más arbitrario. “Aquí ha habido una persecución de quién me cayó bien y quién me cae mal, quién me gusta, quién no me gusta, qué espacio quiero ocupar, qué sueldo tiene para poder darle al que quiero traer. Aquí ha sido con todos”. Agrega: “De verdad que esto no lo había visto en los quince años que llevo en el Gobierno Regional”.
Incluso compara el actual escenario con otros cambios de administración que, a su juicio, tuvieron mayor coherencia política y técnica. “Hubo en algún minuto, cuando estuvo el intendente Huenchumilla, que él desvinculó a muchas personas… Eso ocurría, políticamente. Pero en esta oportunidad se está sacando a destajo principalmente personas netamente técnicas”.
Temor por la continuidad institucional
Una de las preocupaciones más fuertes tiene relación con el impacto en la ciudadanía. “Esto que está haciendo es sacar gente que cumple una función, que atiende a la ciudadanía, que tiene contacto con instituciones como INDAP, CORFO, asociaciones de adultos mayores… que tienen el conocimiento, que saben cómo se hace la pega y los están dejando fuera”.
Y advierte: “¿De dónde van a traer gente con experiencia para que el Gobierno Regional no resienta eso? Para que la ciudadanía de la región de La Araucanía no resienta eso. De verdad que lo vemos con mucha preocupación, mucho dolor, mucha pena”.
La versión oficial: “nueva estructura organizacional” y “ajuste de competencias”
Frente a este escenario, el Gobierno Regional entregó su propia interpretación del proceso. A través de un comunicado, la autoridad sostuvo que se está implementando una “nueva estructura organizacional”, parte de un plan de ordenamiento destinado a “normalizar el funcionamiento institucional”.
Según el gobernador René Saffirio: “Estamos cumpliendo el compromiso de poner en marcha el Gobierno de La Araucanía, recuperando la normalidad institucional y avanzando con decisión hacia una mejor gestión”. La administración asegura que los cambios permitirán: mejorar el control del uso de los recursos, avanzar en modernización tecnológica, asegurar la legalidad de las actuaciones y optimizar la gestión estratégica.
En este contexto, el Gobierno Regional afirmó haber iniciado un “ajuste en las competencias del recurso humano” y que la notificación de vencimiento de contratos “corresponde al proceso que comenzó con fecha 31 de diciembre de 2025”.
Sin embargo, el comunicado no detalla criterios técnicos, no identifica los “perfiles de cargo” mencionados como causa de desvinculación, ni responde a las acusaciones de persecución laboral, falta de conducción interna, ni a los cuestionamientos respecto de la ausencia de perfiles formalmente declarados.
Un proceso que abre más preguntas que respuestas
Mientras el discurso oficial insiste en la modernización, las declaraciones de los trabajadores revelan un clima institucional deteriorado, con acusaciones graves y efectos que, según ellos, podrían resentir directamente la atención a la ciudadanía.
El contraste entre ambas versiones —una que habla de “ordenamiento” y otra que denuncia “persecución y arbitrariedad”— deja un escenario abierto, con funcionarios que ya iniciaron acciones legales, desvinculaciones en curso y una región que observa cómo su principal órgano público vive una de las mayores crisis internas en años.
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