El empresario inmobiliario presentó una acción judicial contra el director de Obras Municipales y el alcalde de Pucón por las anotaciones incluidas en el permiso de edificación de su mansión en Correntoso, autorización que la municipalidad otorgó tras una orden del Minvu. La información fue dada a conocer por el medio local La Voz de Pucón.
La controversia por la denominada “Casa Martabid” volvió a instalarse en la discusión pública luego de que el empresario inmobiliario José Miguel Martabid ingresara una demanda contra el director de Obras Municipales (DOM) de Pucón, Claudio Painepán, y —de forma indirecta— contra el alcalde Sebastián Álvarez. La acción judicial cuestiona tres anotaciones incluidas por la DOM en el permiso de edificación que permitió regularizar la construcción de casi 4.000 m² levantada originalmente con un permiso para solo 260 m².
La información fue publicada por el medio local La Voz de Pucón, que detalló que, pese a que el municipio tenía reparos técnicos respecto a la legalidad del permiso, este debió ser otorgado tras una instrucción del seremi de Vivienda, Patricio Escobar. Ese contexto explicaría la inclusión de notas marginales en el documento, con las que el municipio dejó constancia del complejo escenario institucional del caso.
Según reproduce el reportaje, la demanda acusa que las anotaciones serían “contrarias a derecho y carentes de sustento”, afirmando que “se trata, en consecuencia, de enunciados jurídicamente improcedentes, que carecen de sustento normativo, exceden las atribuciones del Director de Obras Municipales y resultan contrarios a los principios que rigen la actividad administrativa”. Por ello se solicita su eliminación y la declaración de nulidad de derecho público, manteniendo vigente el permiso de edificación.
Las tres notas cuestionadas
Las anotaciones incluidas por la DOM —y que generaron la acción judicial— señalaban que:
- “Se representó la ilegalidad del permiso de edificación que ordenó conceder la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo”, según la resolución del 22 de mayo de 2025.
- “La municipalidad de Pucón… ingresó consulta a la Contraloría General de la República relativa a la legalidad de la instrucción antes referida, la que se encuentra actualmente en trámite”.
- “Este acto administrativo está sujeto a invalidación”, conforme al artículo 53 de la Ley Nº 19.880.
Para el abogado del empresario, Gustavo Méndez, estas anotaciones generan una condición “restrictiva” y “amenazante”. La demanda cita que “las notas… dejan el permiso de edificación sujeto a la ‘aprobación o ratificación del permiso por parte de Contraloría’, como si este ente fuera una segunda instancia, lo que por cierto precariza la estabilidad del permiso otorgado”.
El documento judicial añade que estas notas habrían tenido efectos concretos, como la negativa del Banco BCI a avanzar en un crédito hipotecario solicitado por el empresario: “Es decisión del Banco no avanzar… puesto que… se había constatado que la propia DOM cuestionaba de cierta forma la legalidad del permiso otorgado”, según un correo citado en la demanda.
Un caso que arrastra años
La mansión —conocida como “Latakia”— mantiene un historial judicial desde 2019, cuando el Juzgado de Policía Local calificó como “contrario a derecho” un avenimiento que buscaba zanjar una infracción por construir sin permiso adecuado. El conflicto escaló a distintas instancias, incluyendo una causa penal y un pronunciamiento de la Corte Suprema, que sostuvo que la vivienda era “irregularizable” bajo el Plan Regulador Intercomunal vigente.
Pese a ello, y tras un intenso cruce de oficios, el seremi de Vivienda instruyó al DOM a otorgar un permiso luego de una nueva solicitud ingresada por Martabid en 2024. Fue esa orden —y el desacuerdo técnico del municipio— lo que llevó a que la DOM dejara constancias en el documento autorizado.
Dudas que persisten
Aunque la demanda se centra en aspectos administrativos y normativos, el trasfondo del conflicto vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la autonomía técnica municipal y el peso de las instrucciones ministeriales en proyectos con alto nivel de controversia pública. La inclusión de anotaciones en el permiso —un acto poco habitual— también abre preguntas sobre la presión institucional que enfrentó el municipio al verse obligado a autorizar una construcción que previamente había considerado irregularizable.
En paralelo, el tribunal deberá resolver si esas notas constituyen un acto ilegal o si representan un intento del municipio por resguardar su responsabilidad institucional mientras otros organismos evaluaban la legalidad del permiso.
La acción judicial solicitó a la justicia declarar la “nulidad de derecho público” de las notas, eliminar esas observaciones del expediente administrativo y mantener “la plena eficacia y validez” del permiso de edificación.
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