
La Asociación ANFU-Riego alerta sobre vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales por parte de jefaturas en la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y Servicios Sanitarios Rurales. Denuncian actos de acoso laboral, hostigamiento y abusos de poder respaldados por sentencias judiciales.
Dirigentes de la Asociación de Funcionarios ANFU-Riego de la Región de La Araucanía denunciaron públicamente una serie de graves irregularidades al interior de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH) y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (SSR), ambas dependientes del Ministerio de Obras Públicas. Entre los hechos denunciados destacan el maltrato laboral, la persecución sindical, el abuso de poder y la manipulación de contrataciones con fines políticos, los que han sido reiteradamente expuestos ante autoridades ministeriales sin que se hayan adoptado medidas correctivas.
En una declaración enviada a autoridades del Congreso y del Ministerio, los dirigentes acusan que “el constante, incauto e insistente trabajo que realizamos como dirigentes, ha tenido siempre como propósito eliminar las malas prácticas de autoridades y jefaturas políticas que vulneran, humillan y dañan a funcionarios públicos”.
La situación ha escalado hasta generar divisiones internas dentro de la dirección, impulsadas —según la denuncia— por la Directora Regional de la DOH, Vivianne Fernández Mora, y el Subdirector Regional de SSR, Rodrigo González Pacheco. Los dirigentes acusan a ambas jefaturas de “ejercer una gestión represiva, ideológica y déspota, resguardados por la posición y respaldo político que los sostienen, faltando a la probidad en cuestionables actos administrativos”.
Además, se denuncia la implementación de “bandos” al interior del servicio, fomentando un clima laboral hostil, especialmente contra funcionarios vinculados a organizaciones sindicales. “El costo por ejercer nuestro rol sindical ha sido alto (…), siendo intimidados, perseguidos e inclusive difamados” se lee en el documento.
Estas denuncias no solo se sustentan en testimonios, sino también en fallos judiciales. En enero de 2025, el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco acogió dos acciones por tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales. Una de ellas, presentada por la exfuncionaria Lilibeth Sáez, determinó que existió despido vulneratorio y abuso de poder, señalando que “al realizar la selección de manera unilateral, crea en el contratado una idea de ‘gratitud’ con la persona que le da la posibilidad de estar en ese puesto”.
Otra sentencia, del 11 de octubre de 2024, acogió la tutela interpuesta por Carmen Gloria Vásquez, secretaria regional de ANFU-Riego, concluyendo que fue vulnerada en su derecho a la honra debido a los conceptos referidos a su persona en un oficio institucional.
Frente a estos antecedentes, los dirigentes exigieron la remoción de ambas jefaturas, acusando la inacción de la Dirección Nacional y del Ministerio. “Manifestamos tajantemente nuestro total rechazo a la omisión de la Directora Nacional, a la nula acción e intervención de la Subdirectora Nacional de SSR y de las autoridades Ministeriales ante estos fallos”.
Asimismo, denunciaron la intromisión política en la designación de cargos directivos sin competencias adecuadas, lo cual, a su juicio, “afecta la imparcialidad y el interés general” y vulnera los principios del servicio público. “Esto no se trata de tendencias políticas (…) esto se trata de PERSONAS, de quienes asumen el ejercicio de un cargo de mando y no del interés político al cual representan” afirmaron.
Finalmente, reiteraron su llamado a las autoridades a tomar acciones concretas: “Exigimos jefaturas funcionales, humanas y no maltratadoras, con vocación e interés en el servicio público y no con vocación e interés en generar beneficios político partidistas”.
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