Vicepresidente del Senado: “el Consejo Constitucional tiene la obligación de dar cumplimiento a la consulta indígena (…) el propio anteproyecto lo reconoce”

El senador Huenchumilla explicó que realizar una consulta indígena, si hay aspectos del anteproyecto o de la propuesta de nueva Constitución que afectan a los pueblos originarios, es imprescindible para evitar “situaciones de ilegalidad” y garantizar la “legitimidad” del proceso constitucional; ello, porque el Convenio 169 de la OIT fue ratificado por Chile, y se encuentra vigente como ley de la República. El anteproyecto de la Comisión Experta reconoce en el Artículo 7 que los tratados internacionales ratificados por Chile son aplicables a estos pueblos.

El vicepresidente del Senado, senador Francisco Huenchumilla, se refirió este fin de semana a la controversia suscitada en torno a al menos dos puntos del anteproyecto de Nueva Constitución que requerirían de consulta indígena, por afectar directamente a los pueblos originarios. Ello, de conformidad con lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile como ley de la República.

En este sentido, el parlamentario por La Araucanía recalcó que “el Consejo Constitucional tiene la obligación de dar cumplimiento a la consulta indígena que establece el Convenio 169. Este es un tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentra vigente, y que el propio anteproyecto de la Comisión Experta, en el Artículo 7°, lo reconoce expresamente”, recalcó.

El detalle del anteproyecto

En este sentido, el parlamentario recalcó que el propio Artículo 7 del anteproyecto manifiesta que “el Estado respetará y promoverá los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, garantizados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”.

“En consecuencia, sería muy contradictorio que el propio anteproyecto de la Comisión Experta, en el señalado Artículo 7, estableciera la obligatoriedad de los tratados internacionales, y por otro lado no se diera cumplimiento (a ello) por parte del Consejo Constitucional”, aseveró.

De esta manera, Huenchumilla enfatizó que “eso debe cumplirse, y el Consejo debe establecer los mecanismos mediante los cuales esa consulta se va a efectuar, porque si no nos vamos a encontrar con que el texto que se proponga pueda devenir en una situación de ilegalidad, y por lo tanto carecer de legitimidad”, subrayó el parlamentario.

El legislador aclaró que una situación como ésta incluso podría “ser impugnada por distintas organizaciones ante tribunales internacionales, o ante organismos internacionales (…) crearía un problema político para el país”, recalcó.

Llamado

El parlamentario cerró con un llamado al vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto Velasco.

“Esta tesis de obligatoriedad del cumplimiento de la consulta indígena está reconocida por el propio vicepresidente de la Comisión Experta, el profesor Soto Velasco, quien el año 2015 publicó un libro denominado “Congreso Nacional y Proceso Legislativo: Teoría y Práctica” donde expresamente señala, en la página 85, que la consulta indígena es obligatoria, para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo, por así disponerlo diversas sentencias; tanto del Tribunal Constitucional, como de la Corte Suprema”, recalcó.

El legislador argumentó que “se deduce de la interpretación de las palabras del profesor Soto Velasco, que también debería ser obligatorio para el nuevo órgano constitucional establecido por el Congreso, cual es el establecimiento de la Comisión Experta y del Consejo Constitucional”.

“Por eso creo que es muy importante que el propio profesor Soto Velasco, pueda en el Consejo Constitucional exponer su tesis, en orden a que el cumplimiento de la consulta indígena es obligatorio. De esa manera vamos a hacer un proceso transparente, legítimo, legal y que dé cumplimiento a todas las normas que regulan este tipo de procesos”, agregó.

El senador por La Araucanía concluyó que todo lo anterior es imprescindible para que “no nos veamos como país en posibles discusiones en instancias internacionales, respecto de la legalidad y legitimidad de la nueva Carta Fundamental que pudiera salir del proceso, que está encabezando en este caso el Consejo y también la Comisión Experta”, puntualizó.

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