La reunión sostenida este martes entre el presidente Boric y parlamentarios de la macrozona sur, en Cerro Castillo, finalizó con una crítica transversal tras la filtración de audios a los medios de comunicación.
Hace unos momentos el diputado Mellado emitió un comunicado en el cual se responsabiliza de esta acción y, según indicó el fiscal Carlos Hoffmann, cometió un delito que está tipificado en el Código Penal en el Artículo 161 A. el que castiga la grabación de una reunión de carácter privado, en una oficina, en cualquier lugar que no sea de acceso público, sin estar autorizadas.
“Arriesgan penas que van desde los 61 días a los cinco años de presidio menor en su grado mínimo a máximo. Además, si la persona que grabó sin autorización, también lo difunde, a través de medios de comunicación, por ejemplo, ahí ya arriesga una pena en su grado máximo. Dicho de otra manera, tres años y un día a cinco años”, explicó Hoffmann.
La declaración
El diputado Mellado expresó en la misiva: “A dicha reunión y como todos los asistentes observaron, no estuve presente en la primera parte en donde se comentó la prohibición de grabar”. A su vez expresó que al ser solicitado el audio por los medios de comunicación “consideré, que no contenía nada de información distinta a las declaraciones públicas de los asistentes a la salida de la reunión, ni tampoco frases que denostaran a alguno de los presentes”.
El parlamentario de La Araucanía se excusó e indicó “pido disculpas a todos los involucrados, al Presidente, a los Ministros y a los Parlamentarios. Asumo esta responsabilidad y estoy disponible a conversar con el presidente si así lo estima conveniente”.
El gobierno ingresó en Fiscalía de Valparaíso una denuncia formal por parte de la ministra Tohá. «Cumple con el deber legal que tiene todo funcionario público de denuncia, por lo tanto, la ministra del Interior en su condición de las atribuciones en la posición que tiene, es la primera que realiza la denuncia y por lo tanto una vez que uno de los funcionarios públicos que participa en la reunión y realizaba la denuncia, los demás quedan liberados de esa obligación», señaló el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Revisa aquí la declaración:
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