La diputada Nathalie Castillo sostuvo una reunión con el “Sindicato de Trabajadores Independientes Pirquineros Nueva Esperanza” de la comuna de Canela, quienes arrastran desde hace años las consecuencias de una estafa ocurrida en 2020, que frustró la construcción y mejoramiento de una planta gravimétrica.
Esta infraestructura permitiría procesar el material cerca de los yacimientos, optimizando la recuperación de oro grueso y fino.
El caso se remonta a una apropiación indebida de más de 72 millones de pesos por parte de un exfuncionario de la Seremi de Minería, situación que afectó directamente a 27 socios del sindicato. El exfuncionario, Patricio Bolvarán, se habría presentado en representación de la autoridad de la época, Roberto Vega, para posteriormente huir con el dinero, el cual fue cobrado mediante cuatro vales vista endosados a su nombre.
“Estamos hablando de 27 familias que vieron truncadas sus posibilidades de desarrollo producto de un fraude grave. Aquí no solo hay un perjuicio económico, hay un daño social profundo que el Estado tiene que hacerse cargo de reparar”, señaló la parlamentaria.
En esa línea, la diputada anunció una serie de gestiones, entre ellas, solicitar una audiencia en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados, además de coordinar reuniones con la Fiscalía de Los Vilos y con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), con el objetivo de gestionar recursos que permitan reactivar la planta.
Como consecuencia de este fraude, el sindicato contrajo una deuda con la Sociedad de Servicios a la Minería Portilla Hermanos Limitada, empresa encargada de ejecutar las obras. El Juzgado de Garantía de La Serena condenó al responsable a tres años de presidio, junto con cinco años de inhabilitación para ejercer cargos u oficios públicos y el pago de una multa de 14 millones 400 mil pesos, por el delito reiterado de fraude al Fisco.
Actualmente, la infraestructura no se encuentra operativa, pese a contar con recursos aprobados por el Gobierno Regional desde el año 2014.
“Vamos a activar todas las instancias institucionales necesarias. Esto no puede quedar solo en una condena judicial. Aquí hay familias que dependen directamente de esta planta para su sustento, y el Estado tiene que estar a la altura para garantizar su recuperación”, enfatizó Castillo.
Desde el sindicato valoraron la disposición de la diputada y subrayaron la urgencia de obtener respuestas concretas tras años de incertidumbre.
“Nosotros venimos de familias pobres pero jamás nuestros padres nos dijeron que estuviéramos metiendo las manos en cosas que no nos corresponde. Nosotros somos humildes y somos pobres. Veremos qué va a pasar de aquí en adelante con las peticiones que nosotros como sindicato estamos haciendo”, señaló Israel Del Carmen Barraza, presidente del sindicato.