La diputada de la región de Coquimbo, Nathalie Castillo, junto a los diputados del Partido Comunista Lorena Pizarro, Matías Ramírez, María Candelaria Acevedo y Carmen Hertz ingresaron un proyecto de ley que busca derogar las modificaciones introducidas por la Ley N°21.560 -conocida como Ley Nain-Retamal- al artículo 10 del Código Penal, las que establecen una presunción legal especial de legítima defensa en favor de funcionarios encargados del orden público.
La iniciativa apunta a eliminar los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del numeral 6° del artículo 10 del Código Penal, incorporados en 2023, los cuales -a juicio de las y los parlamentarios- alteran principios básicos del derecho penal chileno (como la igualdad ante la ley y la responsabilidad penal individual) debilitando el control judicial efectivo sobre el uso de la fuerza estatal.
La modificación impulsada por la Ley Nain-Retamal rompe con un estándar histórico al establecer una presunción legal a favor del funcionario, reduciendo el rol de la prueba y debilitando la evaluación caso a caso que deben realizar los tribunales.
“Esta presunción privilegiada introduce una diferencia de trato injustificada, que vulnera el principio de igualdad ante la ley y debilita la responsabilidad penal individual. Ningún agente del Estado puede quedar sustraído del escrutinio judicial pleno cuando se trata del uso de la fuerza”, señala el proyecto de ley.
Los parlamentarios PC advirtieron que la aplicación de la Ley N°21.560 ha tenido efectos concretos en causas de alta connotación pública. En ese contexto, señalaron que la existencia de presunciones legales favorables al uso de la fuerza estatal dificulta el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
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