Paulina Mora Lara
Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo
Coquimbo es una de aquellas regiones mineras que a partir del 1° de enero del 2024, recibirá un aporte fiscal adicional a través de la Ley de Royalty a la Minería, el que beneficiará a las comunas donde se ubiquen actividades asociadas a la explotación minera, lo que permitirá una mayor recaudación y que aportará $29.699 millones para toda la región, especialmente aquellas comunas donde existe actividad minera, como Andacollo, Combarbalá y Los Vilos.
Este monto permitirá aumentar los recursos del Gobierno Regional en un 20% y en un 70% en relación a sus ingresos propios, lo que implica un financiamiento exclusivo de transferencias desde el Gobierno central a las regiones, dotándolos de facultades de administración de estos recursos, los que permitirán fortalecer la autonomía de nuestros territorios. En este sentido, es importante recordar la visita del ministro de Hacienda, Mario Marcel en mayo del año pasado, donde dio a conocer que si los montos a recaudar se dividen por la población existente, el aumento para nuestra región será de $35.521 per cápita, pero además, este beneficio tributario permitirá que todas las comunas de nuestra región puedan contar con más recursos fiscales. Así, Coquimbo recibiría $5.118 millones, La Serena $2.897 millones, Los Vilos $1.839 millones y Salamanca $1.676 millones.
Todo este nuevo e innovador sistema de tributación, es un impulso importante para la economía regional que permitirá una distribución más justa y equitativa de recursos, especialmente, porque pese a los efectos que trae consigo la producción de cobre para los distintos territorios, no han recibido una compensación suficiente por la enorme riqueza que entregan a la industria minera como al erario nacional.
Por esta razón, la entrada en vigencia de la ley de royalty minero no puede comprenderse desde una sola perspectiva, ya que además de la importante recaudación fiscal del 0,45% del PIB nacional que significa para nuestro país, también viene a rectificar las injusticias que existen en cuanto a la distribución de las ganancias de la industria minera.
En este punto, es importante relevar la importancia de los acuerdos, son estos los que permitieron cerrar un debate que estuvo en el Congreso por 4 años, lo que siempre será beneficioso para la certeza que requiere la inversión extranjera.
El cumplimiento del compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric da cuenta que a través del trabajo conjunto con los distintos sectores políticos, podemos avanzar en medidas concretas y esperamos continuar avanzando en acuerdos que permitan continuar por la ruta de la reactivación económica, a través de un Pacto Fiscal, tan necesario para recaudar más y mejor: “más” para mejorar la seguridad pública, la salud o la educación y “mejor”, priorizando la sustentabilidad, a través de incentivos tributarios para el cuidado del medio ambiente y la distribución equitativa, para impulsar proyectos de inversión productiva en las regiones.
El llamado “sueldo de Chile”, tras su nacionalización en el año 1971, ha sido un pilar fundamental para el crecimiento económico y para nuestro desarrollo, permitiendo una mayor inversión en gasto social y en bienestar para las personas. Sin embargo, las regiones que han vivido la irrupción de la explotación minera del cobre en sus comunas, no han visto frutos significativos para sus habitantes y, por lo mismo, la afectación de sus ciudades y el impacto que significa tener una mina a tajo abierto o un relave minero, no ha sido proporcionalmente compensado. La entrada en vigencia de esta normativa es sin duda un avance necesario hacia una justicia territorial, que busca redistribuir los recursos regional y comunalmente, además de impulsar un desarrollo sustentable y descentralizado.
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