Yusef Hadi Manríquez, Director de Publicidad Universidad Andrés Bello Concepción.
La política nunca ha sido únicamente un espacio de decisiones técnicas. Es, ante todo, un escenario profundamente simbólico. Cada gesto, cada palabra y cada imagen construyen un relato sobre el poder, la autoridad y la relación que los gobiernos establecen con la ciudadanía. En ese contexto, la decisión anunciada por el presidente José Antonio Kast de establecer un dresscode formal para los funcionarios del gobierno (camisa, corbata y chaqueta para los hombres, y tenidas sobrias y de carácter formal para las mujeres) abre un debate interesante sobre el significado de la imagen en la esfera pública.
A primera vista, podría parecer una discusión superficial. ¿Qué importancia real tiene la ropa cuando los desafíos del país son mucho más profundos? Sin embargo, en comunicación política y cultural, la estética nunca es trivial. La forma en que una autoridad se presenta visualmente no solo responde a normas de protocolo, sino que también proyecta valores, jerarquías y visiones sobre el rol del Estado.
Históricamente, la formalidad en la vestimenta ha estado asociada a conceptos como orden, disciplina y respeto institucional. Durante décadas, el traje y la corbata fueron símbolos del profesionalismo en el mundo político y empresarial. En ese sentido, la decisión puede interpretarse como un intento por reforzar una imagen de institucionalidad y seriedad en la administración pública, buscando marcar una diferencia con estilos más informales que han predominado en distintos momentos de la política contemporánea.
Pero la vestimenta también refleja cambios culturales. En las últimas décadas, muchos espacios de poder han flexibilizado sus códigos de apariencia como señal de cercanía, horizontalidad y modernidad. El abandono progresivo de la corbata en algunos gobiernos o empresas tecnológicas no fue casual, sino que respondía a una narrativa que buscaba reducir las distancias simbólicas entre autoridad y ciudadanía.
Por eso, más que un simple reglamento estético, el dresscode propuesto funciona como una declaración cultural. Nos habla de qué tipo de institucionalidad se quiere proyectar y de qué manera se entiende la representación del Estado frente a la sociedad.
Desde una mirada creativa y comunicacional, esta decisión invita a reflexionar sobre algo fundamental, en cuanto a que toda política pública también es un mensaje. La ropa, los espacios, los colores, los discursos y los gestos construyen una identidad narrativa del poder. En términos de branding político, cada detalle suma o resta en la percepción pública.
La pregunta relevante entonces no es solo si el dresscode es adecuado o no, sino qué historia quiere contar el gobierno a través de él. ¿Se busca proyectar autoridad y orden? ¿Reinstalar códigos tradicionales de respeto institucional? ¿O marcar distancia con una cultura política percibida como demasiado relajada?
Al mismo tiempo, también aparece una oportunidad interesante de entender que la imagen institucional no debería ser solo una imposición estética, sino parte de una reflexión más amplia sobre cómo el Estado se comunica con las personas. En una sociedad cada vez más visual y mediática, los símbolos importan tanto como las políticas.
Porque, al final, la política no solo administra un país. También administra significados. Y en ese terreno, incluso una corbata puede ser un mensaje.