La nueva normativa fortalece los objetivos del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío al reducir los tiempos de tramitación y facilitar la ejecución de iniciativas con alto impacto económico y social.
Tras más de un año de tramitación, la semana pasada la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, quedando listo para su promulgación presidencial. Esta ley, impulsada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, busca reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales mediante procesos más simples y modernos, sin afectar los estándares regulatorios vigentes.
En la Región del Biobío, donde la dinamización económica y la generación de empleo son prioridades estratégicas, esta normativa se convierte en una herramienta clave para destrabar proyectos que aporten al desarrollo local. Permitiendo que iniciativas productivas de gran envergadura, como parques industriales, energías renovables y proyectos logísticos, avancen con mayor rapidez y seguridad jurídica.
El seremi de Economía del Biobío, Javier Sepúlveda, destacó que “esta ley marca un antes y un después para nuestra Región. Por años, hemos visto cómo proyectos importantes quedaban detenidos en trámites largos y complejos. Con esta nueva normativa, el Estado facilita que las inversiones que generan empleo y desarrollo puedan concretarse más rápido, beneficiando a nuestras comunidades y diversificando la economía local”.
Asimismo, agregó que “la normativa viene a reforzar uno de los pilares de la recuperación industrial en la región, el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, al entregar mayor certeza y eficiencia para que más proyectos avancen con rapidez y seguridad, en beneficio de nuestras comunidades. Todo ello sin alterar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, resguardando plenamente los estándares de protección existentes”.
Esta normativa también representa un avance significativo en la descentralización, al simplificar y acelerar los procesos de autorización para proyectos de infraestructura, servicios, energía y comercio en todas las regiones del país, fortaleciendo el desarrollo territorial equilibrado.
Entre los principales componentes de la ley destacan:
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Normas mínimas de tramitación: reglas comunes para todos los permisos, que incluyen formularios estandarizados, plazos máximos obligatorios, coordinación entre servicios y el uso del silencio administrativo como garantía.
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Técnicas Habilitantes Alternativas (THA): permiten sustituir ciertos permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, manteniendo altos estándares pero con una fiscalización posterior rigurosa.
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Ventanilla Única Digital (SUPER): plataforma única y trazable para ingresar todas las solicitudes, convertida en política de Estado.
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Nueva institucionalidad técnica: creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, con foco en la coordinación y seguimiento, además de la promoción de mesas regionales para asegurar un enfoque territorial.
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Reformas legales sectoriales: modificación de más de 40 leyes para adaptar normativas en sectores como minería, salud, obras públicas, energía, aguas y concesiones marítimas, facilitando la aplicación de la ley.
Con esta ley, Chile y la Región del Biobío avanzan hacia una gestión pública más eficiente, que respeta plenamente la protección ambiental y los estándares técnicos, facilitando la concreción de proyectos que aportan desarrollo y bienestar a sus habitantes.
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