Se trata del sector Trancalco, la misma zona donde fue atacado a disparos un helicóptero el sábado pasado, y donde han edificado 58 viviendas, en una faja de 3 kilómetros que protege a la población.
Una ocupación ilegal con 58 casas construidas en un cortafuegos de tres kilómetros en la comuna de Lebu, provincia de Arauco, ha generado una preocupación entre vecinos y autoridades. Se trata del sector de Trancalco, cercano al lugar donde el sábado pasado fue atacado un helicóptero de la empresa Arauco que combatía un incendio y donde se produjo un procedimiento policial por robo de madera.
El Delegado Presidencial Provincial de Arauco, Humberto Toro, manifestó que “este año la provincia presenta menos incendios forestales y hectáreas afectadas, por lo que este tipo de acciones aumenta el riesgo de afectación a familias y sus viviendas, ya que no permite cumplir el objetivo preventivo de los cortafuegos”.
“Hoy existe una ley de usurpaciones, y por lo tanto en esa ley las tomas no sólo están prohibidas, sino que ahora los tribunales solicitan el desalojo y las personas en flagrancia son detenidas. No pongamos en riesgo al mundo rural y a las personas que viven en las ciudades y que están cercanas a los riesgos de incendios”, enfatizó la autoridad provincial, quien llamó a la comunidad a denunciar cuando se vea a personas provocando algún incendio forestal.
Por su parte, el Subgerente de protección de incendios Arauco, Ramón Figueroa, señaló que “la infraestructura que las empresas forestales crean para proteger a la población de los incendios, es vulnerada y transformada en tomas ilegales. Necesitamos que la autoridad actúe de manera rápida y se aplique todo el peso de la ley a esta gente que está cometiendo este delito”.
Un cortafuego es una franja de terreno despejada de vegetación y materiales combustibles, con un ancho aproximado entre 80 a 100 metros, diseñada para detener o reducir la propagación de incendios. Su función principal es actuar como una barrera física que evita que el fuego avance hacia zonas habitadas, infraestructuras críticas o áreas de valor ambiental.
Esta problemática es la misma denunciada anteriormente por Corma, en el sector El Molino de Dichato, en la Región del Biobío, donde vecinos ampliaron ilegalmente sus viviendas hacia la faja de resguardo que separa la población del bosque.
El Presidente de Corma Biobío y Ñuble, Alejandro Casagrande, explicó que, “enero de 2025 ha sido el mes más violento desde agosto del año pasado con siete atentados. En la comuna de Lebu, sector Trancalco, convergen una serie de delitos que han afectado gravemente al sector forestal: usurpaciones de terrenos, en este caso, de cortafuegos, que son infraestructura clave para la prevención de incendios, incendios intencionales, ataques armados, como el ocurrido contra un helicóptero, y robo de madera”.
El líder gremial hizo un llamado a las autoridades, “necesitamos que se aplique el máximo rigor de la ley. En el caso de las usurpaciones de cortafuegos, es urgente despejarlos para que puedan cumplir su función preventiva y proteger a las personas, a los vecinos y vecinas de la zona, y a la naturaleza”, concluyó Casagrande.
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