Representantes de Pesca con Manos de Mujer, integrada por dirigentas y trabajadoras del sector pesquero artesanal e industrial del Biobío, manifestaron su rechazo a lo que consideran fue una “actitud irrespetuosa” del ministro de Economía, Nicolás Grau, hacia una de sus integrantes, la histórica dirigente artesanal de la región, Victoria Rubio Díaz.
Fue durante una reunión entre directivos de la A.G. Coordinadora Nacional de Armadores Pesqueros Artesanales Costeros y Pesca de Altura de Chile y la autoridad de gobierno, cuando esta última se refirió de manera despectiva hacia la organización, y en especial hacia Rubio, a quien catalogó como “moralmente penca”, según afirmaron desde la agrupación Pesca con Manos de Mujer.
“La desproporción en el tono y la forma en que el ministro se refirió a una agrupación gremial y a una dirigenta nos preocupan, pues creemos en la importancia del respeto y la comunicación institucional como pilares fundamentales de una sociedad democrática. El diálogo con las autoridades no es un favor ni una aspiración, es una responsabilidad y un derecho que nuestros representantes, en este caso del Poder Ejecutivo, deben garantizar y asumir, especialmente en el marco de un debate legislativo como el proyecto de nueva Ley de Pesca. El cierre de espacios atenta contra el reconocimiento constitucional de las experiencias y contribuciones de la ciudadanía”, sostuvieron.
Agregaron que “faltas de respeto como la del ministro Grau no solo son una vulneración de derechos, sino que también erosionan la representatividad y los principios democráticos que son la base constitucional del sistema de derecho. Estas expresiones en el contexto de una reunión formal entre autoridades y agrupaciones de la sociedad civil constituyen una manifestación de discriminación arbitraria y violencia simbólica”.
Por último, señalaron que “las mujeres de la pesca en el Biobío, hechas de rigor y resistencia, creemos en el valor del respeto, al escucha activa en las instituciones republicanas de nuestro país, pero estas solo cumplen su función constitucional si representan a toda la ciudadanía y promueven un sector pesquero justo y equitativo. Exigimos respeto y participación en las decisiones que nos afectan”.
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