El 26 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior y quisiera detenerme enérgicamente en la realidad que siguen viviendo personas con discapacidad intelectual en Chile.
Sin lugar a duda a nivel global se ha avanzado en el acceso a la educación superior de personas con discapacidad. Escuchamos hablar de Educación Inclusiva, Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), Ajustes Razonables, Sistemas de Admisión y muchos otros conceptos que hacen referencia a garantizar la educación para todos y todas, sin exclusión, sin embargo, al hacer un zoom especifico en los jóvenes que presentan discapacidad intelectual y del desarrollo, que egresan de cuarto medio o tienen 18 años (en adelante) y se encuentren cursando la Educación Especial, al querer acceder a la Educación Superior aparece una realidad, invisible para algunas personas, con brechas, diferencias y desafíos para otros, en lo que refiere la igualdad de oportunidades y la equidad.
Actualmente, a pesar de contar con una ley como la 20.422 (2010) donde se señala que “las Instituciones de Educación Superior contarán con los mecanismos que faciliten el acceso así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que las personas puedan cursar las distintas carreras” (artículo 36, 39 y 40) y una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006, ratificada en Chile el año 2008), este colectivo continua enfrentándose a barreras que aún no han sido eliminadas. Pareciera ser que las políticas no dialogan lo suficiente (unas garantizan, otras restringen), las prácticas inclusivas y espacios educativos que promuevan el desarrollo de las personas son escasos o casi nulos y la cultura aún procesa la apertura al reconocimiento de la diversidad.
Es por este escenario brevemente descrito, que hoy celebro este día con orgullo en la decisión visionaria de la Universidad Andrés Bello de haberse adelantado a lo que plantean las políticas actuales al haber implementado una alternativa que diera respuesta a las necesidades de jóvenes con discapacidad y del desarrollo en su derecho ineludible de acceder a la Educación Superior. A pesar de que han pasado casi 20 años de esta decisión institucional, originada en Santiago y luego expandida en Viña del Mar y Concepción, que ha dado respuesta a este derecho fundamental, sumado al aporte que ha implicado en el bienestar, progreso, empleabilidad, eliminación de barreras y tantos avances que experimentan los estudiantes en este proceso de transformación, seguimos estando al debe en muchos aspectos. Falta de articulación entre la educación escolar y la universitaria, necesario trabajo psicoeducativo con las familias desde la primera infancia, ofertas universitarias en todas las regiones del país, accesibilidad cognitiva, entre otros.
Es crucial el reconocimiento y apoyo del Estado para garantizar que programas como este se repliquen y respondan efectivamente a las necesidades educativas y sociales de las personas con discapacidad intelectual, preparándolas para una inclusión laboral plena y equitativa.
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