- La Corte Suprema confirmó el fallo que rechaza el recurso de la defensa del senador Miguel Ángel Calisto.
- La defensa buscaba ampliar el plazo de investigación y acceder a antecedentes digitales de otro coimputado.
- El caso investiga un presunto perjuicio al Estado superior a los 100 millones de pesos con ocho acusados.
El máximo tribunal confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique y descartó los argumentos de la defensa para ampliar el plazo de investigación y acceder a determinados antecedentes digitales. El parlamentario figura entre ocho acusados en una causa que investiga un presunto perjuicio al Estado superior a los $100 millones.
Un nuevo revés judicial enfrentó el senador por Aysén Miguel Ángel Calisto, luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso de amparo presentado por su defensa en el marco de la investigación por fraude al Fisco y fraude de subvenciones. La resolución mantiene firme la decisión del Juzgado de Garantía de Coyhaique, que había desestimado las solicitudes formuladas por los abogados del parlamentario.
La Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia dictada el 15 de septiembre por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que respaldó lo resuelto el 4 de septiembre por el juez de Garantía Mario Devaud Ojeda. La defensa buscaba ampliar el plazo de investigación y acceder a determinados soportes digitales entregados por otro coimputado.
Defensa buscaba reabrir la investigación
Uno de los principales puntos de controversia fue la solicitud de ampliar el plazo investigativo, pese a que, según los antecedentes examinados por los tribunales, no existían diligencias pendientes en esta causa.
La defensa también reclamó por el acceso a información digital aportada por otro de los imputados. Sin embargo, la Corte de Apelaciones estableció que esos antecedentes dieron origen a nuevas investigaciones del Ministerio Público, independientes del proceso en que Calisto fue acusado.
El tribunal consideró, además, que la Fiscalía había puesto a disposición de los intervinientes los antecedentes reunidos durante la investigación y que las diligencias que motivaron su reapertura ya estaban concluidas.
De acuerdo con lo informado en la audiencia del 4 de septiembre, el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación y presentó la acusación correspondiente. Posteriormente, se dispuso que los antecedentes quedaran disponibles para su revisión en el tribunal y que las defensas pudieran descargar la carpeta investigativa.
Antecedentes reclamados no serán utilizados contra el senador
Otro elemento relevante de la resolución es que los soportes digitales solicitados por la defensa no fueron incluidos entre los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía en su acusación.
Según informó el juez de Garantía, esto significa que dichos antecedentes no podrán ser utilizados contra Calisto durante el juicio en esta causa, al no formar parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Con estos argumentos, la Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso de amparo, dejando sin efecto las pretensiones de la defensa de modificar las decisiones adoptadas durante el cierre de la investigación.
Ocho acusados y más de $100 millones bajo investigación
El caso tiene como antecedente una investigación encabezada por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, quien presentó acusación contra ocho personas por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones.
Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el perjuicio económico total atribuido a los hechos investigados supera los $100 millones, cifra que convierte este proceso en una causa de especial relevancia judicial y política para la Región de Aysén.
Entre los acusados por fraude al Fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto, cuya defensa sufrió ahora un nuevo revés ante el máximo tribunal del país.
La decisión de la Corte Suprema no constituye una declaración de culpabilidad del parlamentario, sino que resuelve la controversia sobre las garantías procesales y las solicitudes presentadas por su defensa. La responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse en el proceso judicial correspondiente.